Habitantes de la colonia Nápoles iniciarán acciones legales contra el programa Ecoparq, por la total opacidad con que se manejan los recursos obtenidos y las irregularidades en el otorgamiento del permiso administrativo temporal revocable (PATR) para su operación.

Ayer, el comité vecinal de la citada circunscripción se reunió con un grupo de abogados para analizar el recurso legal más conveniente para tal fin, ya sea un amparo o un juicio de nulidad, pues, dijeron, ante esas irregularidades no se puede permitir su operación en la colonia.

Víctor Garduño, integrante del comité vecinal, señaló que no hay forma de verificar en realidad a cuánto ascienden los ingresos que genera dicho programa, toda vez que no está documentado en ningún lugar.

Señaló que en solicitudes de información pública a la Oficialía Mayor, la Autoridad del Espacio Público (AEP) y la empresa que opera los parquímetros, respecto del monto de recursos que corresponden para obra pública, han dado respuestas que no coinciden.

Y es que, explicó Alejandro Oviedo, también vecino de la colonia, el operador interpreta que los recursos a entregar a los vecinos deben ser 30 por ciento de la renta de los parquímetros más el mismo porcentaje de los ingresos de las arañas; sin embargo, la AEP dice que al ciudadano sólo le corresponde 30 por ciento por concepto de la renta de las máquinas.

Respecto del PATR, el cual es otorgado por la Oficlía Mayor, se maneja una cuota fija sobre el avalúo realizado de 9 millones de pesos mensuales de ganancias, siempre y cuando se instalen todos los equipos.

Sin embargo, dicho dictamen valuatorio que da sustento económico al PATR fue reservado por siete años, según se les informó en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos capitalino, por lo que no se puede conocer el potencial económico que pueda llegar a tener el polígono.