l segundo aniversario de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, que se cumplió ayer en un escenario político y social convulsionado, hace pertinente revisar el desempeño de su gobierno en este primer tercio del sexenio en curso.

na y otra vez el PRI y el gobierno han defendido sus acciones frente al horror de Iguala. Se han quejado, asimismo, de desmesura y piden que seamos específicos: lo que ocurrió, dicen, es el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, por policías municipales e integrantes del crimen organizado y Abarca ha sido capturado. Así se expresó César Camacho, por ejemplo, circunscribiendo la matanza de Iguala a los hechos ahí ocurridos, frente a quienes han demandado la renuncia del Presidente. Sucede que el propio Presidente dijo el jueves pasado, al hacer su propuesta frente al clamor nacional, que todos somos Ayotzinapa. Bien, parece que el Presidente coincide con todos los mexicanos en que Iguala iguala a toda la República en el inmenso peso de la ley de la selva que priva en la sociedad mexicana, y que después de Iguala nada puede ser igual en el país, no sólo en Iguala.

n un primer momento Enrique Peña Nieto pretendió restringir el caso Ayotzinapa a un asunto local y fue el río de manifestaciones en todo el país y fuera de él, bajo el grito ¡Fue el Estado!, las que lo llevaron a asumir la investigación por conducto de la PGR. El pasado 28 de noviembre presentó su plan de seguridad y justicia en favor del estado de derecho y el desarrollo, hijo del Pacto por México, con el mismo formato, pero ahora con fuerzas políticas que, como la del PRD, llega en situación de debacle, mientras el PAN hace sus cálculos, pues tiene en la mira que el próximo año es electoral. El discurso de ese día ofrece un excelente autorretrato del peñanietismo con su llamado nuevo proyecto de nación. Su tesis central es que no fue el Estado: Hace dos meses, México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado. Los actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. En seguida reconoce la responsabilidad de policías y autoridades municipales al servicio de la delincuencia organizada, ¿por ello no son servidores públicos? ¿no son parte del Estado los municipios? pese a que en la averiguación previa abierta contra los uniformados (la HID/DC/02/0993/2014), referida por la revista Proceso, se anotó que la agresión a los normalistas de Ayotzinapa no fue perpetrada sólo por policías municipales y encapuchados vestidos de civil; también participaron elementos de la Policía Federal y tropas del Ejército. Luego anotó que al Estado sólo le toca investigar, o sea un simple Ministerio Público, y sin reconocer que se tardó 10 días anota que dio la instrucción de atraer el caso. Ya en sus terrenos federales, la PGR ha convertido los crímenes de lesa humanidad en delitos comunes. Afirmó que a la fecha, se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables, incluyendo a los autores intelectuales, así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales. A ninguno se le ha consignado por desaparición forzada; no pueden hacerlo, pues se les viene abajo su construcción en torno a que simplemente autoridades municipales entregaron a los estudiantes al crimen organizado pero no fue el Estado. Nada dijo de redireccionar las líneas de investigación y buscarlos vivos, como exigen los familiares de los jóvenes.

l sábado 15 de noviembre los jóvenes Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López fueron secuestrados por efectivos de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad, quienes los presentaron ante el Ministerio Público y los acusaron por el delito inverosímil de asaltar con cuchillos de cocina a tres policías y robarle 500 pesos a uno de ellos. Ambos siguen en cautiverio.