El Senado recibió hoy la minuta de reforma constitucional sobre movilidad social y de inmediato legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron al Revolucionario Institucional (PRI) y a Acción Nacional (PAN) que se analice a fondo, ya que si pretenden imponer su mayoría y aprobarla fast track, sólo van a profundizar aún más la indignación ciudadana y la crisis social.

Los senadores Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Angélica de la Peña y Luis Sánchez dijeron que esa reforma al artículo 11 constitucional mandata que se haga una ley secundaria encaminada a acotar las manifestaciones, lo que es preocupante, dada la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de criminalizar las protestas.

Padierna recalcó que ni siquiera es necesaria una ley reglamentaria del artículo 11 constitucional, como lo indica la propia Carta Magna. Si priístas y panistas aprueban esa minuta en sus términos, será necesario recurrir a la Suprema Corte, porque se estaría violando la Constitución.

Advirtió que hay una intención evidente de Peña Nieto de tener el control de las policías municipales y estatales –como lo propone en la iniciativa que envió al Senado– y de regular las manifestaciones, para acallar no sólo las protestas por el caso Ayotzinapa, sino también las que puedan surgir a futuro por la actuación de las petroleras extranjeras que se establecerán en territorio nacional.

Fusión del descontento social

En entrevista aparte, el senador Luis Sánchez dijo que las movilizaciones de los pasados días no son sólo por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino por la corrupción en la asignación de obras, como la del tren rápido México-Querétaro y la mansión de la familia presidencial y también por la pobreza y la falta de justicia. Hay una inconformidad tremenda en la sociedad y por ello aumentarán las manifestaciones.

La intención de prohibir las manifestaciones está en esa reforma que la Cámara de Diputados desempolvó ayer y es algo que desde la izquierda no podemos permitir. Agregó que desde el gobierno federal no se ha querido entender el grito de una sociedad que pide justicia. lo que quieren es acallar ese grito.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, dijo que ambas iniciativas avanzan por un camino de mayor autoritarismo, frente a manifestaciones pacíficas, que tratan de desacreditar con la actuación de infiltrados que llevan a cabo actos vandálicos.

Al respecto, la senadora Alejandra Barrales formuló un llamado al gobierno perredista del Distrito Federal, particularmente al secretario de Gobierno, Héctor Serrano, a ser muy sensible y muy cuidadoso, ya que se trata de una administración de izquierda, caracterizada por ser muy respetuosa de los derechos humanos y la libertad de expresión y de manifestación.

El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, no quiso formular comentarios. Dijo que la iniciativa apenas ayer llegó al Senado y aún no la revisan.