Aunque en teoría la reforma al artículo 11 de la Constitución buscar garantizar el acceso al derecho a la movilidad, sin restringir la libertad de expresión y reunión, existe el riesgo de que la reglamentación secundaria de este cambio genere condiciones para inhibir la protesta social, por lo que habrá que seguir de cerca este proceso legislativo para evitar que ello ocurra, alertaron organizaciones de la sociedad civil.

Carlos Ventura, coordinador de educación y promoción del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que diversos colectivos se encuentran en alerta por dicha reforma, pues si bien parece respetar las garantías básicas de las personas, no se puede descartar que al analizarla a detalle, se encuentren disposiciones cuyo objetivo sea limitar el derecho a la manifestación.

En la legislación secundaria de esta reforma, que es la Ley General de Movilidad, podrían incluir artículos que efectivamente regulen las manifestaciones, por ejemplo en lo que hace a horarios, peticiones de permiso a las autoridades y restricción de vías primarias, explicó el activista.

Como llegó al Senado, el dictamen de reforma sí respeta criterios de derechos humanos, pero habrá que ver qué modificaciones le hacen. Nos preocupa que en un contexto de movilizaciones sociales, el mensaje sea generar cierta inhibición en el ejercicio de la protesta, que se sumaría al patrón de detenciones arbitrarias y violentas que ya vemos, recalcó.

Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, subrayó que en la reforma al artículo 11 vemos aspectos positivos, como el hecho de que se busque crear un modelo integral de protección y garantía de la manifestación pública, en el cual se evite calificar las marchas y mítines como ilícitos o usar el derecho penal contra ellos.

El dictamen en abstracto nos parece positivo, pero nos llama la atención que se da en un contexto de regresión legislativa en el que a través de diversos ordenamientos se ha buscado regular la manifestación, con la obligación de que la gente dé avisos previos a la autoridad, restringiéndole lugares para ejercer su derecho o criminalizándola con figuras penales como terrorismo o daño en propiedad ajena, apuntó.

Ayer en la tarde, diversas organizaciones integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social –entre ellas Artículo 19 y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– emitieron un comunicado conjunto en el cual enfatizaron que bajo ninguna circunstancia la reglamentación de la reforma deberá restringir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.