Morena, PRD y diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) advirtieron que la intensión de reformar la Constitución para regular las manifestaciones abre la puerta a la represión, la persecución y la criminalización de la lucha social, y más que abonar al clamor de paz y justicia que demanda la sociedad ante hechos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, manda un mal mensaje a la sociedad.

Martí Batres, presidente nacional de Morena, dijo que es una reforma de corte fascistoide y una aberración, porque es absolutamente atentatoria de la Constitución y se utilizará para reprimir.

Equiparó dicha reforma con el artículo 145 del Código Penal en la época del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, que establecía el delito de disolución social y se utilizaba para perseguir y criminalizar las movilizaciones de los opositores.

En un comunicado, el PRD consideró que el dictamen aprobado es social y políticamente irresponsable e incluso peligroso para la convivencia democrática, pues sus promotores pretende convertirlo en un atentado contra las libertades políticas.

Claro retroceso

Señaló que de aprobarse la reforma se abriría el capitulo de la persecución y criminalización de la lucha social como ya sucede en varios estados.

Su dirigente en el DF, Raúl Flores, señaló que es un muy mal mensaje el que se manda. Vemos que tienen un tufo de amago en contra de la sociedad civil, de la gente que manifiesta su descontento en las calles.

En la ALDF, el diputado perredista Vidal Llerenas coincidió en que plantear el tema en este momento es imprudente y la forma en que se hace no abona al clima actual. Afirmó que más que atender un malestar de empresario y banqueros por hechos de vandalismo que se han presentado en algunas protestas, responde a una línea del gobierno federal que ha enfatizado más en el tema.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del legislativo local, Dinorah Pizano, dijo que hay en esta reforma un claro retroceso al pretender limitar el derecho a la libre manifestación y de ser necesario apelarán a las instancias internacionales para que en México se garantice plenamente ese derecho.