Las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa sí pueden calificarse como crimen de Estado, y no como asunto sólo vinculado con la delincuencia, pues diversas instituciones participaron de forma activa o no hicieron nada por impedirlos, señalaron los asistentes a una mesa convocada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

Laura Carlsen, periodista especializada en temas de seguridad, destacó que las autoridades del país han insistido en presentar lo ocurrido los pasados 26 y 27 de septiembre como hecho relacionado con la infiltración de grupos criminales en el gobierno municipal de Iguala, cuando en realidad se trata de un escenario más complejo.

Dicen que no es un crimen de Estado y que pudo haberle tocado a cualquiera, no sólo a los normalistas, porque no había motivos políticos, pero sí fue un crimen de Estado, tomando en cuenta no sólo que la policía municipal de Iguala secuestró a los muchachos y se los entregó al narco, sino también que el Ejército –estando muy cerca del lugar– no impidió la agresión, indicó.

La investigadora lamentó que la Procuraduría General de la República haya presentado la hipótesis de que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados y quemados en un basurero sin dar elementos concluyentes, más allá de los testimonios de un grupo de supuestos narcotraficantes detenidos.

Este tipo de hechos, manifestó Carlos Cruz, director de la asociación Cauce Ciudadano, forman parte de un escenario de violencia generalizada contra los jóvenes, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de las víctimas de homicidio en el país tienen entre 15 y 29 años de edad.

El sistema económico y político, subrayó, no le da a la juventud oportunidades de trabajo, empleo o desarrollo personal, y sí en cambio los criminaliza y trata de controlarlos, señaló.