A escasas semanas de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizó cambios en la coordinación general de comunicación social, no sólo se ha despedido personal, incluso con la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para anticipar la prescripción de contratos, sino que la redacción está prácticamente desmantelada y relegada de sus funciones y hasta legisladores han reclamado intentos de censura.

Además, el Sindicato de Trabajadores de la ALDF debió intervenir ante las quejas del personal de base por malos tratos, en tanto las computadoras del área son vigiladas y controladas mediante el programa Refog Keylogger.

El secretario general del sindicato, Gaudencio Chávez Hernández, informó que tuvieron una reunión con la nueva titular del área, María Elena Cárdenas Rodríguez –quien rindió protesta ante el pleno para ocupar dicho cargo el pasado 30 de octubre–, por las actitudes negativas que ha mostrado con trabajadores de base y se excusó diciendo que así era su carácter y su forma de ser, por que tuvo una educación militarizada.

Refirió el caso de una trabajadora adscrita a la redacción, quien prefirió pedir su cambio de adscripción y el sindicato tuvo que intervenir porque se negaba a firmar la solicitud correspondiente. Chávez advirtió que si esas actitudes persisten, buscarán una reunión con el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados.

La redacción está prácticamente desmantelada, sólo permanecen el titular de la unidad y otra persona; se sustrajeron seis computadoras y de las dos que dejaron, a una se deshabilitó el Internet y despliegan un mensaje que advierte: REFOG actualmente está supervisando las actividades y el uso de este PC.

El programa, explica el proveedor en su sitio de Internet, puede o no ser visible en los equipos, registra todos los programas y aplicaciones que se utilizan, así como conversaciones de chat y redes sociales; almacena toda la información que se copia y pega y hace capturas recurrentes de la pantalla.

Otro incidente ocurrió el pasado 14 de septiembre, cuando fue retirado de la página de Internet un boletín del diputado Alejandro Ojeda, del PRD, en el que planteaba su exigencia de investigar presuntos actos de corrupción del legislador del PAN Édgar Borja, el cual se repuso tras el reclamo de la diputada Ariadna Montiel, quien recordó a la titular del área que las opiniones de los legisladores no pueden ser objeto de censura.