Nueva York.

Al emitirse el informe del Senado sobre el programa de tortura y detención clandestina de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), organizaciones de derechos humanos, relatores de la Organización de Naciones Unidas, editorialistas y abogados constitucionalistas llamaron a la persecución legal de los responsables de lo que se considera un crimen internacional.

Aunque la Casa Blanca, el Departamento de Estado y algunos legisladores elogiaron como un ejemplo de transparencia la presentación pública del resumen ejecutivo de la investigación realizada por el Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa secreto de detención y tortura de la CIA, ordenado poco después de los atentados del 11-S por el gobierno de George W. Bush, casi todos evadieron el tema de la impunidad de los responsables.

Desde que el presidente Barack Obama emitió una orden de seguridad nacional como uno de sus primeros actos oficiales al ocupar la Casa Blanca en 2009 –en la que afirmó que era para dejar claro que Estados Unidos no torturará y que mantendremos nuestros valores fundamentales mientras se defiende la seguridad nacional– advirtió que su gobierno no procedería legalmente contra sus antecesores, argumentando entonces que necesitamos ver hacia adelante y no hacia atrás.

El Departamento de Justicia, bajo el procurador general Eric Holder, concluyó su investigación de estos hechos durante el primer periodo de la presidencia de Obama y determinó no presentar cargos, argumentando que no existían suficientes pruebas para proceder penalmente. Esa decisión no cambiará por ahora con la difusión del informe, indicaron fuentes oficiales.

La letanía de brutalidad, ilegalidad y falta de rendición de cuentas sirve como un recordatorio de lo horrible que fue la decisión del presidente Obama al inicio de su gobierno de cerrar los libros sobre este capítulo de nuestra historia, aun mientras repudiaba el uso de la tortura, opina el New York Times en su editorial sobre el informe. Señala que intentos de llevar estos actos ante un tribunal fueron bloqueados por alegatos de secretos nacionales.

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre contraterrorismo y derechos humanos, Ben Emmerson, declaró el martes que, dado el informe, era hora de actuar para que los individuos responsables de la conspiración criminal revelada en el informe de hoy sean llevados ante la justicia, como reportó La Jornada. Aunque reconoció que la responsabilidad primaria para lograr esto está en manos del Departamento de Justicia, advirtió que cualquier país al que viajen los responsables puede sujetarlos ante la ley.

Amnistía Internacional (AI) afirmó que el informe del Senado sobre los métodos de tortura empleados en el programa secreto de la CIA es un recordatorio absoluto de la continua impunidad por las muchas violaciones atroces de derechos humanos llevadas a cabo en nombre de la seguridad nacional. Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, declaró que el informe ofrece más evidencia de las violaciones autorizadas por las autoridades más altas de Estados Unidos después del 11-S. A pesar de que tanta evidencia ha estado en el ámbito público durante años, nadie ha sido llevado ante la justicia por autorizar o implementar estos actos en estos programas de la CIA.

Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que la tortura es criminal y jamás puede ser justificada, y argumentó que “a menos de que este importante proceso de decir la verdad lleve a la fiscalización de funcionarios, la tortura permanecerá como una ‘opción política’ para presidentes en el futuro”.

El Centro de Derechos Constitucionales, que anteriormente ha promovido casos internacionales contra el presidente Bush, su secretario de Defensa Donald Rusmfeld y otros por su programa de tortura y detención, afirmó que el informe del Senado confirma lo que este centro ha argumentado desde 2006: que la CIA realizó un programa sofisticado de tortura autorizada por el Estado. Baher Azmy, director legal del centro, declaró que renovamos nuestra demanda por una rendición de cuentas para aquellos responsables del programa de tortura de la CIA. Deberían ser fiscalizados en tribunales estadunidenses; si nuestro gobierno continúa rehusándose a que rindan cuentas, deben ser perseguidos internacionalmente según los principios de jurisdicción universal.

Pocos esperan que se logren promover casos penales dentro de Estados Unidos, especialmente cuando los republicanos, que denunciaron el informe, están por asumir control de ambas cámaras del Congreso.

Irónicamente, tal vez la única persona que ha sido acusada penalmente por el gobierno de Obama en relación con el programa de interrogación y detención de la CIA es un funcionario que reveló la existencia de partes de este programa. El ex oficial de la CIA John Kiriakou fue acusado en 2012 de filtrar información clasificada a reporteros. Amenazado con una condena de décadas de cárcel, aceptó declararse culpable a cambio de una condena de 30 meses que está cumpliendo ahora mismo, recuerda el portal Vox.

Por tanto, estos defensores de derechos humanos señalan que oficiales y funcionarios estadunidenses que están implicados en las revelaciones del informe del Senado sobre el programa de tortura podrían ser sujetos al arresto en otros países, si existe una investigación criminal sobre estos hechos en sus tribunales. La tortura es calificada como un delito grave según el derecho internacional y por tanto, bajo el principio de jurisdicción universal, gobiernos pueden arrestar a cualquiera acusado o implicado en estos actos si están en su territorio nacional.

Si yo fuera uno de estas personas, dudaría antes de hacer planes de viaje, comentó Michael Bochenek, director de asuntos legales en Amnistía Internacional, en entrevista con The Guardian. Afirmó que los estados tienen una obligación clara de detener a acusados en casos de tortura. Tal vez el caso más conocido de la aplicación del uso de este principio fue el arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, cumpliendo con órdenes giradas por un tribunal en España.

Sin embargo, es poco posible que la entidad encargada de enjuiciar a violadores de estas normas, la Corte Penal Internacional, proceda contra los funcionarios y agentes estadunidenses que participaron en el programa, ya que Estados Unidos no es estado parte, por decisión del presidente Bush.