La Cámara de Diputados aprobó ayer la ley de la fiscalía general de la República, que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR) y con la cual se pretende liberar al Ministerio Público de intereses políticos y darle autonomía plena.

Durante la discusión del dictamen, diputados de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que la nueva institución debe estar a cargo de un fiscal distinto a quien preside actualmente la PGR.

En la tribuna, la diputada Alfa González (PRD) dijo que Jesús Murillo Karam debe renunciar y no aspirar a constituirse en fiscal.

Eso es lo más sano, no sólo para su salud, a la cual agobia el cansancio, sino para que la fiscalía no nazca muerta, con un procurador que desde hace mucho dejó de trabajar y actuó de manera tardía ante la desaparición de una generación de normalistas, señaló.

La fiscalía, abundó, debe actuar de manera efectiva “contra la impunidad de casos como Tlatlaya, Iguala y la casa blanca, y contar con un fiscal probo, que permanecerá en el cargo hasta 2023. En este momento, urge una nueva figura ante la fiscalía; el señor Murillo Karam ya se cansó y la sociedad no tiene la culpa”.

Sostuvo que Murillo Karam ni siquiera ha sido capaz de aportar elementos suficientes para que María de los Ángeles Pineda esté en un penal de máxima seguridad y no arraigada. No hay certeza de que será encarcelada, pese a su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

El PRI resaltó el carácter autónomo de la fiscalía. El presidente de la Comisión de Justicia, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), sostuvo que esa atribución general le otorgará independencia y objetividad en la investigación y persecución de los delitos.

El Ministerio Público dejará de ser percibido únicamente como operador estrictamente jurídico y cumplirá una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas del delito, dijo.

Sin embargo, la diputada Elena Tapia Fonllem (PRD), alertó que la redacción de la ley no incluye ninguna obligación para la fiscalía en materia de derechos humanos.

La obligación constitucional y convencional de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos sólo se establece de manera abstracta. No hay instrumentos de investigación de oficio, protección a víctimas, suplencia de la queja para la prevención, investigación, sanción y reparación integral de cualquier violación a derechos humanos, indicó.

Tampoco se incluye un trato adecuado a las desapariciones forzadas, en momentos en que continúan sin localizar 42 normalistas, expuso.

Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de MC, expuso que la autonomía del fiscal respecto del Ejecutivo es ficticia, porque en el artículo 102 de la Constitución se define que podrá ser removido por el presidente de la República por una causa grave.

La pregunta obvia, cuestionó, es “si hay una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos, en contra del Presidente, como en el caso de la casa blanca, por ejemplo, ¿qué pasaría con la autonomía? Seguramente se inventaría algún artificio para destituir al fiscal”.

Lilia Aguilar Gil (PT) consideró urgente una reforma a la Constitución para quitar esa atribución presidencial sobre el fiscal. De no ser así, seguirá siendo un empleado del Presidente, anotó.