El ciudadano Carlos Fernando Aceves García denunció que hombres armados catearon durante cinco horas su casa, en un operativo que incluyó cuatro camiones del Ejército, patrullas de la Policía Federal, del estado de Baja California Sur y municipales de La Paz, en atención a una denuncia anónima que señalaba que allí se vendían sicotrópicos y había un arsenal de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Aceves García es jubilado, vive en una casa de interés social. Desde hace 44 años está parapléjico y se mueve en silla de ruedas; cuando llegaron las fuerzas armadas y los elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), estaba sólo con su perro.

Narró a La Jornada que a las seis de la madrugada del domingo 7 de diciembre alguien abrió de una patada la puerta de su dormitorio. Entraron dos enmascarados que me apuntaron a la cara con rifles. Luego, “mi recámara se llenó de tipos armados, embozados y gritando.

“Creo que nunca he sentido tanto miedo. Les grité que se llevaran lo que quisieran y uno de ellos dijo que eran de la policía. Bueno, pensé, estos no matan, nomás desaparecen personas.

Afuera, en el patio, seguían golpeando puertas y removiendo cosas. Algunos corrían por el techo y todos gritaban. Entraron a mi cuarto otros dos hombres vestidos de civil y uno me dijo que era (del) Ministerio Público de la Seido. Ambos dijeron que vinieron de la ciudad de México. Seguramente buscaban a un pez gordo, pero les falló el trabajo de inteligencia, comentó.

“Me dijeron que traían una orden de cateo. Les solicité que la mostraran y me enseñaron un cartapacio grueso.Díganme dónde está la acusación en mi contra, les pedí. Me dijeron que no había tal, que se trataba del domicilio. Me mostraron una foja en la que se señalaban tres domicilios. Uno era el mío, pero si bien coincidía la dirección, señalaba una casa de color verde pistache y la mía es blanca.

“Me permitieron usar el teléfono celular (el fijo fue inutilizado por ellos), llamé a mi hijo y después de un rato le permitieron la entrada, entre rifles y máscaras, sólo porque necesitaban dos testigos en el cateo.

“Con él empezaron a revisar toda la casa: la bodega, los cajones de ropa, los armarios; leyeron documentos, revisaron todos mis estados de cuenta bancarios, me preguntaron quiénes eran los que aparecían en las fotos de familia y muchos etcéteras.

“Estuvieron 5 horas abriendo y revisando todo. Finalmente nos hicieron firmar dos actas de las cuales yo pude revisar una y mis testigos me dijeron que ya estaba todo lo que podíamos agregar. Les firmé las dos.

Rechazaron darme sus nombres, uno incluso retrocedió cuando traté de leer el gafete que traía colgado al cuello. Se negaron también a dejarme copia de las actas y de la orden de cateo pues eran documentos confidenciales.

Aceves García explicó que interpuso una denuncia ante el Centro de Atención a la Ciudadanía de la Procuraduría General de la República, pero allí lo canalizaron a la visitaduría de la misma dependencia. Anunció que acudirá ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.