a decisión del gobierno de San Luis de destinar 3 mil 500 millones de pesos del erario a la automotriz alemana BMW por haber instalado una planta en esa entidad, obliga a revisar las condiciones opacas, discrecionales y claramente desventajosas para el interés público que subyacen a la entrega de estímulos de diverso tipo a entidades privadas a cambio de que inviertan en el país.

En el caso que se comenta, la automotriz alemana se comprometió –de acuerdo con el convenio suscrito en julio de este año– a crear hasta mil 500 empleos e invertir mil millones de dólares en un plazo de 15 años.

Tales beneficios, sin embargo, quedan a merced de la voluntad de la empresa, que puede dar por cancelado el convenio referido.

No está claro en lo inmediato si la totalidad de las cesiones, incentivos, exenciones y demás beneficios aportados por el erario a esa y otras empresas privadas se ajustan a la legalidad y a la reglamentación vigentes, ya que en el caso comentado el gobierno estatal compromete a la hacienda pública durante varios sexenios sin contar con la aprobación del Legislativo de la entidad. Si la respuesta a esa duda es negativa, resulta obligada la inmediata intervención de las autoridades encargadas de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos y de las instituciones responsables de perseguir delitos y procurar justicia.

Pero incluso si la transferencia de fondos públicos a empresas como la referida fuera legal en todos los casos, ello no impide que sea indignante y escandalosa, habida cuenta de la aguda carencia de recursos que enfrentan las instituciones públicas de salud, educación y seguridad pública –por mencionar tres de los rubros más sensibles– para hacer frente a sus tareas cotidianas y prestar los servicios que corresponden a la población. Ha de considerarse además que, a diferencia de las actividades económicas que podría impulsar el Estado para generar por sí mismo nuevos puestos de trabajo –como la construcción de infraestructura y obra pública– , las llevan a cabo las corporaciones privadas con incentivos como los comentados, que no están orientadas por el interés de beneficiar al conjunto de la sociedad, sino por el afán de lucro y que, en consecuencia, sus objetivos son pragmáticos, estrechos y más dirigidos a la mercadotecnia que a un verdadero afán de contribuir al desarrollo del país.

Sea legal o simplemente inmoral, la transferencia de recursos públicos a empresas privadas con el supuesto fin de que sean éstas las que generen empleos e inviertan en el desarrollo de localidades, entidades o regiones del país encaja perfectamente en la tendencia –que marca una notoria continuidad entre los sucesivos gobiernos que van del de Miguel de la Madrid hasta el actual– de transferir a manos privadas toda suerte de bienes y de incurrir en una especie de subrogación de potestades en materia de generación de empleos e impulso al desarrollo económico que a la postre no ha terminado por generar el despegue prometido de la economía nacional.