La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes puede ayudar a que esta población sea considerada por fin como sujeto de derecho y su protección sea asumida como una responsabilidad del Estado y no sólo de las familias, pero para ello es indispensable que se otorguen los recursos suficientes en su implementación.

Así lo afirmaron especialistas en temas de cuidado de la infancia, quienes subrayaron que si la nueva legislación se aplica de manera correcta, ya no sería necesaria la existencia de lugares como el albergue La Gran Familia, de Rosa María Verduzco, quien al parecer habría reiniciado actividades en una nueva estancia, sin tener permiso para ello ni notificar a las autoridades.

Nashieli Ramírez, directora de la organización Ririki Intervención Social, señaló que la nueva ley tiene aspectos positivos, como el énfasis en que los albergues particulares deban estar registrados, la obligación de los tres niveles de gobierno de coordinarse para proteger a los menores y el hecho de que se establezca que la institucionalización de niños y niñas debe ser la última opción para su cuidado.

Sin embargo, dijo, todavía existe el gran problema de que en esas estancias no sólo hay menores de edad, sino también adultos mayores, con discapacidad o adicciones, los cuales estarían fuera del cuidado de esta legislación, y que aún no se define la manera en que la nueva ley se va a llevar a la práctica.

Tenemos un mejor escenario normativo, pero la ley no podría ir a ningún lado si no se aplica el interés superior del niño en términos de presupuesto. Tenemos una buena norma, pero como muchas otras, podría quedarse en letra muerta si no hay dinero para aplicarla, advirtió.

Luis Enrique Hernández, director de la asociación civil El Caracol, que brinda apoyo a la infancia en situación de calle, destacó que la legislación obliga a los estados y municipios a armonizar sus obligaciones de cuidado de los niños con las autoridades federales, para dejar claro que se trata de una responsabilidad del Estado en su conjunto, en vez de seguir reproduciendo la idea de que los menores son una propiedad de sus familias.