Después de más de 11 horas de intenso debate entre las autoridades hacendarias y los representantes de los ahorradores defraudados por Ficrea, las pláticas se empantanaron. A las cuatro de la mañana de ayer sábado se había acordado entre las partes realizar una compulsa de los datos del interventor que avaló la disolución y liquidación de la sociedad financiera popular, pero a última hora los afectados decidieron no firmar ningún convenio.

Fue hasta las 8:45 horas de ayer cuando los inconformes permitieron la salida del presidente de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario di Costanzo –quien en todo momento consiguió el respeto y la simpatía de los manifestantes–, y de Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda, de las instalaciones de la Condusef que desde las 9 de la mañana habían sido tomadas en demanda de una solución al fraude de que fueron víctimas alrededor de 6 mil 800 ahorradores.

Las personas defraudadas se mantuvieron en su posición de que se les reintegre el 100 por ciento de sus ahorros y determinaron que el próximo lunes a las 10 de la mañana se reúnan en la sede de la Condusef para buscar una solución. La propuesta de los afectados es que se revoque la quiebra de Ficrea y expusieron que si se rescató en el pasado a los bancos con multimillonarios recursos fiscales de todos los mexicanos, ahora las autoridades puedan derogar ese mandato de la junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Acusaron al presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé de omisión , incapacidad o colusión por no haber hecho una supervisión adecuada o haber alertado al público inversionista de no colocar recursos en Ficrea, pese a que en el pasado avalaron esa figura financiera.

Solicitaron al subsecretario de Hacienda que la banca de desarrollo compre la cartera, los activos y administre a Ficrea para que se asegura el reintegro de 100 por ciento del monto defraudado.

Los inconformes pidieron que este problema no escale a un conflicto de mayores proporciones y que las autoridades financieras no le provoquen un mayor problema al presidente Enrique Peña Nieto, de quien demandaron su pronta intervención para un solución expedita.

Fernando Aportela, en entrevista realizada en la madrugada, aseguró que el gobierno de la República va a apoyar a los ahorradores defraudados en el esquema que sea más favorable para sus intereses, pero siempre cumpliendo con la ley.

A las cuatro de la mañana de este sábado, el subsecretario se comprometió a que el lunes 22 de diciembre se reúnan representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el interventor de Ficrea y personal de la PGR, así como el director de banca de desarrollo de la Secretaría de Hacienda y acudan a Palmas 405 (sede de Ficrea) para cotejar los números con los que se justificó la liquidación de Ficrea.

Sin embargo, a última hora los ahorradores inconformes decidieron cambiar la sede para que sea en las instalaciones de la Condusef a las 10 de la mañana del próximo lunes.

Entrevistado a las 3:40 horas de la madrugada del sábado, el funcionario explicó que en cuanto a los directivos de la sociedad financiera, la Procuraduría Fiscal ya ha presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República ( PGR) y se estará actuando conforme a derecho en contra de estas personas.

Manifestó su solidaridad con los ahorradores que fueron víctimas de un fraude y detalló que hay personas defraudadas con cantidades hasta de 70 millones, 14 millones y algunos por 4 millones de pesos.

Destacó que para los pequeños ahorradores hay un seguro de protección y que este cubrirá totalmente a al menos 42 por ciento de los ahorradores.

Describió que la forma de operar de Ficrea era muy similar al esquema de pirámide, en el cual se van obteniendo más recursos y ahorro y se van desviando, que fue lo que desafortunadamente pasó.

Recordó que el viernes pasado la CNBV retiró la licencia a la sociedad financiera popular Ficrea y la verdad es que los acreedores han sido sujetos de un fraude y en ese sentido nosotros nos solidarizamos con ellos.

Agregó que el dueño de la empresa Ficrea, Rafael Olvera Amezcua y su equipo directivo hicieron un fraude en perjuicio de los depositantes.

El proceso, explicó el funcionario, iniciaba con la captación de recursos por medio de Ficrea, estos se depositaban, con crédito, en tres arrendadoras, de las cuales el señor Olvera Amezcua era dueño y accionista principal. De los recursos de la intervención que se hizo se encontró que de 5 mil 900 millones de pesos que se depositaron en esas tres arrendadoras (Leadman Trade, Bus & Jackman Leasing y Monks Comercial) se le prestaron 3 mil 200 millones de pesos, documentados como cartera y 2 mil 700 millones han sido desviados para compra de viviendas y de vehículos.

Para concluir el funcionario defendió la postura oficial: Quiero señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actuó conforme a derecho, lo hizo en tiempo y, lo más importante, actuó para detener lo que estaba sucediendo y era que cada vez más créditos se desviaban, más recursos de la gente a estas arrendadoras, donde ya no existía ningún respaldo de recursos.