El 23 de diciembre, los representantes de Televisa, Televisión Azteca y Cinépolis, así como decenas de concesionarios, cinco legisladores del Partido Verde Ecologísta de México (PVEM) y sus coordinadores parlamentarios deberán comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por las quejas presentadas contra la campaña conocida como El Verde sí cumple.

Aunque la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el pasado jueves sacar del aire el más reciente mensaje que promueve a legisladores del PVEM, está pendiente que la sala especializada resuelva la queja de fondo en torno a la transmisión y el costo de más de 224 mil impactos en televisión, más otro número indefinido en las salas de cine.

Anteriormente, el Instituto Federal Electoral se encargaba de resolver estos casos, pero a partir de la reforma política, la tarea del nuevo árbrito comicial consiste en integrar los expedientes, y en este caso debe informar sobre los contratos del PVEM con los concesionarios, y después enviar el documento a la llamada telesala, que tendrá 48 horas para resolver la queja.

Este tema unió a cinco partidos políticos, que presentaron una queja contra el Verde por violar los principios de equidad e imparcialidad en la contienda que se prepara para 2015, al lanzar desde el pasado 18 de septiembre una campaña anticipada en diversos medios de comunicación, cuyo costo representa al menos 500 millones de pesos, según el PRD.

Sin embargo, transcurrieron tres meses sin recibir respuesta, por lo que el perredista Pablo Gómez presentó una queja contra el titular de la Unidad de lo Contencioso del INE, Carlos Alberto Ferrer, por retrasar la investigación.

Finalmente, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y el Partido Encuentro Social, además del senador panista Javier Corral fueron citados por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE para acudir a la audiencia de pruebas y alegatos del 23 de diciembre, según el oficio enviado el día 16.

También fueron convocados los diputados federales Ana Lilia Garza, Enrique Aubry y Rubén Acosta Montoya, así como los senadores Carlos Alberto Puente, María Elena Barrera y Pablo Escudero, además de los grupos parlamentarios del PVEM por haber aparecido en mensajes en televisión y salas de cine, violando el artículo 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de funcionarios públicos.

También se les acusa de violar el artículo 41 de la Constitución por la supuesta contratación de propaganda en radio, televisión abierta y en señales del sistema de televisión restringida, así como en salas de cine, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, indica el documento.

De acuerdo con la verificación realizada por el INE, 38 concesionarios de televisión abierta, seis de cable y uno de radio transmitieron los cuestionados promocionales que llevan el mismo lema y contenidos, modificados sólo con la aparición de la imagen de un legislador diferente cada 11 días.

Como no hay información detallada sobre los mensajes difundidos por Cinépolis, deberá informar en qué periodo los ha transmitido, dar un informe sobre entidades, salas y horarios de difusión, además de precisar el contrato celebrado para tal propósito.