El presupuesto destinado al gasto electoral en México representa alrededor de 0.10 por ciento del producto interno bruto (PIB), siendo la organización de comicios el rubro al que más se canalizan recursos, y uno de los problemas más importantes es que 94.85 por ciento de los mismos se destinan para gasto corriente.

Según un estudio elaborado por la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, ese porcentaje destinado al tema electoral se canaliza para cubrir servicios personales (sueldos y prestaciones de seguridad social), gastos de operación para que las instancias trabajen adecuadamente (papelería y equipo de cómputo), subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones).

De acuerdo con el análisis, sólo 5.15 por ciento se asigna al gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de las actividades.

Desde la perspectiva orgánica, señala el informe, el gasto público para los asuntos comiciales del país se asigna al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.