l pasado viernes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció su determinación de disolver y liquidar la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea, intervenida por esa entidad desde noviembre pasado, toda vez que detectó operaciones fraudulentas, triangulación de recursos y presunto lavado de dinero. El presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, señaló ese mismo día que se había logrado documentar la forma en que Ficrea llevó a cabo operaciones fraudulentas mediante por lo menos tres empresas relacionadas: LeadmanTrade, BausJackman Leasing y Monka Comercial.
Anteayer, autoridades hacendarias y una comisión de ahorradores acordaron realizar una reunión hoy, a fin de realizar una compulsa de las cifras con que se justificó la disolución de la sociedad.
Debe recordarse que desde el pasado 10 de noviembre, luego de la intervención de Ficrea por parte de la CNBV por sospechosas triangulaciones de recursos, el organismo federal informó que las personas que tenían ahorros en Ficrea podrían rescatar hasta un máximo de 130 mil pesos, lo que generó un comprensible descontento entre los ahorradores, muchos de los cuales habían confiado a la hoy extinta Sofipo los recursos obtenidos a lo largo de toda su vida.
Durante las semanas transcurridas desde que la CNBV detectó movimientos sospechosos en la financiera, los ahorradores han sido objeto de un maltrato informativo que llegó al colmo el pasado viernes, cuando tuvieron que enterarse de la disolución de Ficrea por los medios de comunicación, pese a que desde el 19 de noviembre se creó una comisión bilateral entre ahorradores y autoridades para desahogar las consultas y los planteamientos de los primeros a las segundas. Semejante conducta de los responsables de regular instituciones financieras deja ver un menosprecio institucional por la ciudadanía, que deposita su confianza y su capital en bancos y sociedades financieras con la confianza de que sus actividades son supervisadas eficientemente por el gobierno.
El desfalco que enfrentan los ahorradores de Ficrea tendría que llevar a la revisión profunda de un modelo de supervisión de las instituciones financieras que operan en el país, las cuales, además de disfrutar de condiciones sumamente ventajosas, suelen incurrir en prácticas irresponsables que ponen en riesgo el patrimonio de los ahorradores, cuando no en operaciones fraudulentas como las del caso que se comenta. Es inadmisible que el titular de la CNBV haya mencionado ayer como único responsable del presente fraude al socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua. Si bien es cierto que las prácticas fraudulentas de esa Sofipo son resultado de decisiones de sus ejecutivos, debe recordarse también que las autoridades federales tienen una responsabilidad ineludible en cuanto a la supervisión de entidades que lucran con recursos ajenos.
Estos elementos, en conjunto, son indicativos del riesgo y la desprotección que padecen los usuarios de servicios financieros del país, los cuales, a dos décadas del mayor quebranto bancario de la historia del país, siguen estando a merced de malas prácticas y de regulación y supervisión deficientes por parte de las autoridades. Todo ello a pesar de que la sociedad ha pagado con creces por tener servicios financieros de calidad, seguros y accesibles, si se considera el costo astronómico que el rescate bancario zedillista tuvo para los bolsillos de los contribuyentes.
