n su última sesión de este año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Transición Energética. La iniciativa original tenía como objetivo central obligar a la industria privada y a la Comisión Federal de Electricidad a reducir el consumo que realizan de combustibles fósiles de tal forma que en 2050 la mayor parte de la electricidad que se consuma en el país provenga de procesos limpios
, no contaminantes. Una forma de cumplir con los compromisos oficiales sobre la materia tanto a escala nacional como en el marco de los convenios internacionales que buscan reducir la generación de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento del planeta.
Sin embargo, una mayoría conformada por miembros de los partidos PRI, PAN y el llamado Verde Ecologista, aprobaron que la meta se limitara a 35 por ciento para dentro de una década. Otros asuntos planteados en la iniciativa original también fueron modificados. Por ejemplo, la prioridad de que la demanda de energía eléctrica nacional se cubra con energías no convencionales, y no con las procedentes de fuentes fósiles, como sucede ahora. Igualmente la obligación de las empresas que conforman el sector industrial del país a reducir sus emisiones contaminantes. Otro punto reformado es el de que dichas emisiones se refirieran al medio ambiente como un todo, concepto mucho más amplio que engloba a la atmósfera, los suelos y el agua. Lo reformado hace que los contaminantes se vinculen únicamente con la atmósfera. Del mismo modo, se acotó la definición de los mismos y de lo que se entiende por energías limpias. Con ello se dejan rendijas que alientan la generación de contaminantes a la vez que reducen el universo de los procesos económicos y naturales que pueden ser fuentes de generación de las llamadas energías limpias.
El 10 de diciembre pasado las Comisiones Unidas de Energía y Medio Ambiente habían aprobado el dictamen de la iniciativa referida, teniendo en consideración la meta fijada en la Ley General de Cambio Climático en el sentido de priorizar los esfuerzos oficiales y del sector privado a fin de que en el mediano plazo la energía que se consume en el país proceda de fuentes limpias. Y dar a éstas los mayores beneficios fiscales y de otra índole en detrimento de las fuentes fósiles. Una forma de reducir los contaminantes que hoy producen los sectores industrial y energético. Y además cumplir así con las metas fijadas en legislaciones anteriores y en los compromisos internacionales referidos al cambio climático.
En las modificaciones aprobadas tuvo que ver de manera destacada el cabildeo que realizó entre los legisladores la cúpula de los sectores industrial y empresarial. Como oportunamente denunciaron diversas organizaciones vinculadas con el medio ambiente (GreenPeace, Cemda, Alianza Mexicana Contra el Fracking, Pro Natura, Fundar y Bicitekas, entre otros), dicha cúpula no comparte la posición de México en cuanto a cumplir los compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cabe señalar que esos sectores serán beneficiarios privilegiados de la nueva legislación energética que, entre otras cosas, contempla la extracción de gas por medio de la técnica del fracking, cuestionada universalmente por sus efectos nocivos en el ambiente y en la salud.
En las contradicciones que distinguen a los asuntos públicos de la presente administración figuran también los del medio ambiente. Tanto el presidente Peña Nieto como el Poder Legislativo expresan en los foros internacionales su firme compromiso de luchar contra la generación de dichos gases. Su más reciente posicionamiento sobre el tema fue hace apenas dos semanas, durante la COP20 celebrada en Lima, Perú. Sin embargo, en los hechos hacen lo contrario y refuerzan un modelo económico fincado en el derroche de hidrocarburos. Esto ocurre cuando la Organización Meteorológica Mundial y la Administración para el Océano y la Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) coinciden en que este año ha sido el más caluroso desde que se tienen referencias estadísticas. Una prueba más de la urgencia de priorizar el interés colectivo y no el del gran capital.
