n 1998, el entonces secretario general Kofi Annan propuso un brindis en la 20 sesión especial de la UNGASS sobre el problema mundial de las drogas: Permítanme alzar la copa con el deseo de que cuando rememoremos esta reunión, lo hagamos porque fue (...) el momento de nuestro compromiso (para) la eliminación de los cultivos de drogas para el año 2008.

Annan integra hoy la Comisión Global para Políticas de Drogas, junto con James Carter, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, y Ruth Dreyfus, entre otros que se suman al reclamo por un debate abierto, franco, inclusivo que permita analizar y evaluar otras miradas y enfoques.

A 10 años de aquella primera –en 2009 se hizo una nueva reunión de alto nivel para evaluar los resultados– la Comisión de Estupefacientes hizo gala de un mecanismo de negación brutal: no reaccionó frente a la evidencia de que todos los cultivos, consumos y tráfico habían aumentado. Más grave fue, es, la negativa casi religiosa de no abrir ningún debate acerca de caminos alternativos. No prosperaron algunas tímidas iniciativas para eliminar la pena de muerte (que existe en ciertos países, incluso para consumidores).

Hoy un primer bloque latinoamericano (México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Uruguay) al que se vienen sumando otros países del área, así como estados de la Unión Europea y algunos africanos, está librando una batalla para que la UNGASS 2016 no sea un nuevo fracaso. Las acciones y actividades desplegadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) aportan en el mismo sentido.

Las políticas de drogas son mas dañinas que las drogas

América Latina y el Caribe, estigmatizados y criminalizados, muestran su llaga y el reguero de víctimas en sus suelos, ahora más empobrecidos por la guerra contra los cultivos y la agresión del ambiente, con campesinos desplazados, pobreza e inequidad como estructuras de marginación social. La guerra contra las drogas cobró más víctimas que las secuelas del consumo, cuya mayor demanda sigue estando en el norte, donde queda el grueso de las ganancias ilícitas. El estado de violencia que se incrementó a partir de estas políticas basadas sólo en la represión –incluida la prisión indebida contra consumidores– es un rasgo que hoy empieza a revisarse.

En la sesión especial de la Asamblea General de ONU en Nueva York en 2016, la comunidad debe tener la oportunidad de debatir abiertamente, con todos los datos provenientes de las agencias y expertos internacionales, con franqueza e inclusión, para que puedan concurrir todas las miradas y los enfoques alternativos.

El mandato de la Cumbre de Cartagena 2012

La OEA ha realizado ya dos asambleas generales en Antigua, Guatemala, para promover una visión integral y equilibrada, abierta a otros enfoques y con pleno respeto del derecho internacional, de los derechos humanos, las libertades y las decisiones soberanas de los estados. El Informe sobre drogas en las Américas, que José Miguel Insulza entregó al presidente colombiano Juan Manuel Santos por el mandato recibido en la Cumbre de Cartagena es el resultado de un ejercicio altamente recomendable. La metodología de discutir y armar escenarios posibles hacia el futuro, con el concurso de técnicos y expertos, respeta un criterio y principio fundamental: la unidad en la diversidad. No es posible tener un traje único, un modelo rígido que no admita flexibilidad para adecuarse a las características, culturas y diseños diversos. La responsabilidad común y compartida que afirme la cooperación internacional no tiene por qué estar en contradicción con las opciones alternativas o experiencias estaduales, departamentales o de alcaldías que respondan a las necesidades y exigencias sociales. El andamiaje jurídico de las convenciones internacionales se enfrenta a flexibilidades de hecho, que responden todas al cumplimiento de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales o culturales que están inevitablemente por encima de otras exigencias normativas.

Derechos, garantías y libertades

En Cartagena, William Brownfield expuso cuatro principios de la política estadunidense. La novedad es que ese país introduce la interpretación flexible de las convenciones y la tolerancia a las nuevas experiencias: como es imposible descertificarse a sí mismo, debe habilitar –de alguna manera– la marea liberalizadora de dentro. El gobierno federal no puede interdictar las experiencias de Washington y Colorado, y las que ahora se suman de Oregon y Alaska, como la de ninguno de los 18 estados que hacen uso medicinal del cannabis. También su Corte Suprema tiene varios fallos sobre el cannabis medicinal y uno más de 2006 –en una demanda presentada por la iglesia Unión del Vegetal por una acción de la DEA en su contra– donde sentencia que no se puede impedir ni el ingreso ni el consumo ritual de la ayahuasca y del peyote, por cuanto la libertad de religión está por encima de toda ley prohibicionista.

En el plano de la aplicación de la ley, se necesita un abordaje de proporcionalidad entre las penas y los delitos: basta de penas de muerte para ofensas en drogas; el Estado no puede ser quien incremente la violencia; la calamidad penitenciaria de América Latina y el Caribe, como otras zonas del mundo, es una alarma humanitaria de primer orden. Se debe dejar de apresar a quienes padecen una enfermedad o han tenido conflictos con drogas (que no todo consumidor problemático es necesariamente un adicto) y seguir incorporando al enfoque de salud todos los niveles sanitarios y no sólo a los centros especializados.

Uruguay: política exterior y agenda de derechos

Uruguay ingresó como miembro de la Comisión de Estupefacientes en 2008. En esa instancia, promovimos la Declaración (51/12) –copatrocinada por Argentina, Bolivia, Suiza y, luego, toda la UE– sobre debida integración de los instrumentos de derechos humanos en la fiscalización de drogas. En la OEA, además, promovimos en la última Asamblea General de Paraguay una Resolución (2868) donde también quedan incorporadas la visión de garantías individuales en las políticas de drogas y la pertinencia de su vigilancia por la CIDH.

Uruguay defiende el derecho democrático a debatir libremente y no le interesa promover el mercado regulado del cannabis como modelo exportable: esta acción es singular de su cultura y se expone para ser evaluada. Su prestigio deviene únicamente de la integralidad de la política de drogas, de sus fortalezas institucionales, de la regulación del tabaco, del éxito en la lucha contra el lavado de activos.

La prédica del presidente Pepe Mujica genera apoyos por su hondo humanismo y su ética, coherente con la posición país. La candidatura del canciller Luis Almagro para la Secretaría General de la OEA tiene el mismo sentido.

Uruguay integra y lidera el reclamo que en el problema drogas la guerra no fue solución y debe sustituirse por más diálogo, humanismo, desarrollo e inclusión.

(*) Embajador uruguayo