l hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Gregorio López Gorostieta, quien fue levantado el pasado domingo en un seminario de Altamirano, Guerrero, generó ayer una respuesta enérgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la que se exige a las autoridades el esclarecimiento de este y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, y que se castigue conforme a derecho a los culpables, y se señala que: Haciéndonos eco del sentir de muchos mexicanos, repetimos: ¡basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos.

Debe señalarse que el asesinato del clérigo López Gorostieta no es un caso aislado; por el contrario, se inscribe en un clima en el que las agresiones contra representantes del clero católico se han multiplicado en forma exponencial: de acuerdo con el informe El riesgo de ser sacerdote en México, del Centro Católico Multimedial, durante los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han sido asesinados ocho sacerdotes y dos más continúan desaparecidos; la tendencia de ataques en contra de religiosos registró un aumento de 100 por ciento en 2014, por lo que este sexenio podría ser más violento que el de Felipe Calderón Hinojosa. De manera significativa, según ese documento, las entidades más peligrosas para el ejercicio sacerdotal son Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal.

Al igual que como ocurre con otros sectores de la sociedad, la persistente violencia que se padece en amplias franjas del territorio ha generado pronunciamientos críticos hacia el gobierno por parte de sectores que hasta hace no mucho eran considerados aliados naturales de las autoridades o que por lo menos mantenían un silencioso alineamiento respecto del poder político. Tal es el caso de la Iglesia católica, cuyos jerarcas han expresado en últimas fechas pronunciamientos en contra de la actual estrategia de seguridad y han demandado un viraje en ese ámbito.

Es cierto que el fenómeno de la violencia y la criminalidad no es nuevo en el país y habría sido deseable que pronunciamientos tan contundentes como el comentado se hubiesen producido desde hace tiempo, y que la Iglesia católica hubiese manifestado un afán inequívoco de justicia en otros episodios, como los casos de los religiosos pederastas.

Pero sería un error por parte de las autoridades que no se reconociera en estas voces la necesidad de actuar como hasta ahora no se ha hecho: atendiendo el mandato constitucional de salvaguardar los derechos y la integridad física de la población, esclarecer y procurar justicia en todos los asesinatos y frenar la oleada de desapariciones que ha azotado al país en fechas recientes.