Marinos torturadores
ermina el año con un cuestionamiento severo al Ejército y la Marina por la violación de derechos humanos en México. A tres meses del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, sus padres y compañeros culpan directamente a los militares de estar involucrados en una de las peores tragedias de las décadas recientes en este país, como lo estuvieron hace 17 años en Acteal.
En el caso de Marina, desde que se le encomendaron labores de seguridad se ha documentado el incremento de las violaciones a los derechos humanos en estados como Veracruz, donde Claudia Medina Tamariz fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de esta dependencia, quienes durante 36 horas la torturaron física, sicológica y sexualmente hasta que declarara que pertenecía al cártel de Jalisco Nueva Generación.
Recibió amenazas, asfixia, descargas eléctricas y tortura sexual, pero fue cuando amagaron con lastimar a sus hijos que ella firmó una declaración cuyo contenido desconocía. La detención ocurrió el 7 de agosto de 2012, junto con su esposo Isaías Flores Pineda. Ambos fueron trasladados a la Base Naval de Veracruz.
Madre de tres hijos, fue consignada por los delitos de portación de arma, posesión de cartuchos y delitos contra la salud. Días después el juzgado segundo de distrito en Zacatecas concedió libertad provisional bajo caución.
Indignada, buscó apoyo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y en el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. El 5 de mayo de 2014 su caso se hizo público y hoy es una de las 19 mujeres sobrevivientes de tortura sexual que impulsa la campaña Rompiendo el silencio.
Su caso se enmarca en la impunidad que habita en el territorio mexicano. El pasado 24 de diciembre la juez tercera de distrito, en Boca del Río, Veracruz, Cándida Ojeda Hernández, negó a Claudia la libertad por desvanecimiento de datos, sin tomar en cuenta las pruebas que aportó la defensa de que fue torturada por marinos para autoinculparse.
La solicitud negada fue que se declarara inválida; la única prueba que sostiene el proceso en su contra es el dicho de elementos de Marina, es decir, de quienes la torturaron.
Lo que sigue es apelar de la decisión de la juez Ojeda, con el fin de que el Poder Judicial de la Federación en Veracruz se pronuncie admitiendo la tortura de la que fue víctima Claudia. Se trata de poner en el banquillo de los acusados a los torturadores, no a la sobreviviente.
