espués de seis semanas, la huelga en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) fue levantada el pasado 12 de diciembre con resultados que anuncian cambios radicales en esa casa de estudios. A diferencia de lo ocurrido en la UNAM hace 25 años, el paro se levanta una vez que la Asamblea General Politécnica (AGP) se asegura, mediante convenios firmados a la luz pública con las autoridades gubernamentales y el nuevo director, que el proceso de transformación se realizará mediante un congreso, en cuya organización la AGP tendrá participación decisiva.
Las dos huelgas que se han realizado en la UNAM en los pasados 30 años tuvieron un mismo origen, aunque diferentes desenlaces. El origen común fue la protesta estudiantil contra el cobro de cuotas. En el primer caso duró menos de dos meses, y se levantó en febrero de 1987, una vez que el Consejo Universitario abrogó las reformas, que incluían el cobro de cuotas, y acordó la realización de un diálogo público y un congreso. En el segundo caso, ante la cerrazón de las partes, el paro se prolongó por 10 meses y terminó en febrero de 2000 con la entrada a Ciudad Universitaria de la recién creada Policía Federal Preventiva, dejando en la comunidad una sensación de frustración y desconcierto aún no superada.
El Congreso Universitario empezó sus trabajos tres años y tres meses después de levantada la huelga (mayo de 1990), lo cual llevó a un congreso insustancial en el que la administración central salió fortalecida, al lograr eludir el debate sobre la estructura de gobierno y la forma de elegir autoridades. La huelga politécnica, en cambio, se ha desenvuelto de una manera impensable entonces. Y es que un cuarto de siglo no pasa en vano. Para empezar, la tecnología de las telecomunicaciones que hoy manejan los jóvenes resulta impresionante, tanto por su poder de difusión en las redes sociales como por ser un instrumento que permite el ejercicio de una democracia directa incluso dentro del proceso mismo de la negociación final. Se dice fácil, pero la consulta a las 44 asambleas durante tres semanas para matices y precisiones resulta una lección de educación política que sentará precedente en futuras movilizaciones.
De otra parte, el contexto y la velocidad con que se suceden los tiempos políticos son por completo diferentes. Desde finales de septiembre ese contexto se llama Ayotzinapa. Apenas estallada su propia huelga, los estudiantes politécnicos se sumaron al clamor que ya se levantaba por el horror de Iguala. Su adhesión a la causa de los padres, familiares, amigos y compañeros por la aparición con vida de los desaparecidos fue natural y espontánea. La inserción de la AGP en la protesta nacional aceleró la respuesta gubernamental y llevó sorpresivamente al secretario de Gobernación a salir de sus oficinas y reconocer oficialmente
el movimiento, en un templete colocado solidariamente por el Sindicato Mexicano de Electricistas en la calle de Bucareli. Este reconocimiento abrió las puertas a la negociación pública que llevó al levantamiento de la huelga y a los avances que se han logrado.
Se puede anticipar que, en la medida en que se defina la autonomía y una nueva ley orgánica para el IPN, el resto de las instituciones de educación superior se verán en un espejo en el que advertirán sus propios rezagos y limitaciones. Por principio de cuentas, la cuestión de cómo se gobierna y cómo se eligen autoridades en las instituciones públicas de ese nivel de enseñanza no podrá ya ser eludida. Más bien, se antoja que debe abordarse de inmediato partiendo de que en el contexto actual ya es imposible dejar de admitir un par de cosas: 1) Los estudiantes no son sobrantes eliminables. Al menos ellos así lo consideran. No son sólo parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también el motor que mueve el engranaje. Un trato entre iguales es lo menos que exigen y se merecen. 2) Sin órganos de gobierno que los representen, la gobernabilidad de las instituciones públicas de educación superior resulta difícil y el ejercicio de la autonomía imposible.
“La autonomía debe ejercerse –decía Alejandro Gómez Arias hace 25 años–, si no es así, acaba por convertirse en un término sin contenido”. “La Universidad será autónoma –reiteraba el dirigente de la huelga de 1929– sólo si desea ejercer ese derecho”. La democracia y la legitimidad en el gobierno de las instituciones públicas de educación superior es la base para que la autonomía pueda ejercerse y para que estas instituciones existan como parte de la sociedad civil y no de la sociedad política.
Los organismos autónomos, para serlo, deben ser independientes del poder público, es decir, de lo que Gramsci llamó el Estado en sentido estricto. Aquí habría que incorporar a los organismos autónomos como el INE, el Ifai y la CNDH. Esto significa que dichas instituciones deben ubicarse dentro de la sociedad civil y no de la sociedad política. Este desplazamiento se está dando en el proceso de insurrección civil que hoy vivimos y constituye lo más esencial de la fractura del régimen que se conformó en los años 20 y 30 del siglo pasado.
