a jurista colombiana Sandra Morelli, mujer de fuerte personalidad, es una integrante del establishment colombiano, y desde septiembre de 2014 no sabe si está viviendo un año sabático o un exilio político en Roma. Ella es protagonista habitual en la prensa de Colombia tras ser durante cuatro años (2010 a 2014) la contralora del Estado, nombrada por acuerdo del Congreso y el Presidente.

Especialista en derecho administrativo y constitucional, formada en Bogotá y también en Bolonia, su paso por la Contraloría mostró cuánto podrían hacer y no hacen los funcionarios que ocupan tal posición en otros países latinoamericanos. Los contralores deben vigilar si los impuestos se gastan conforme al presupuesto y si se recauda todo lo que se debe, tema importante en Colombia con una economía que depende en parte de exportaciones mineras de empresas multinacionales.

Mientras el presidente Santos impulsó lo que ha llamado la locomotora minera, la contralora Sandra Morelli cumplía su obligación investigando contratos y cuentas de las compañías mineras. Se rodeó de un grupo de expertos en hidrogeología, derecho, economía, salud pública y química ambiental que habían estado apartados de las políticas públicas oficiales.

La Contraloría es una institución importante, con miles de funcionarios. Sandra Morelli la activó y arremetió contra la corrupción particularmente en el sector de la salud pública, donde descubrió que se facturaba por la venta de medicamentos genéricos que eran simplemente como harina, que no curaban a nadie, ganándose la enemistad de un abogado de la empresa Saludcoop que ha llegado después a fiscal general del Estado.

Esta labor, junto con su apoyo a la investigación de los daños de la minería de gran porte y sus grandes pasivos ambientales, fue reconocida en palabras del senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, recordando que en 2010 él no había respaldado la elección de Morelli al frente de la Contraloría pero quería aprovechar su despedida para resaltar su labor al frente de casos como el de las EPSs y Saludcoop, en el cual se recuperaron 1.4 billones de pesos para el erario y el seguimiento a los casos de la Gran Minería, en donde los estudios y documentos son excelentes referencias. Así es, realmente.

La labor de Sandra Morelli no sólo obtuvo elogios. Su salida fue accidentada, porque el fiscal general aprovechó el momento para poner una denuncia penal por peculado en favor de terceros, alegando que el contrato de alquiler del nuevo gran local de la Contraloría firmado en 2010 se había hecho sin cumplir los requisitos legales. Se trata de una evidente venganza, a la que se suma la del sector minero. Varios funcionarios de la Contraloría están siendo atosigados. Ante esos ataques, la contralora movilizó sus contactos en Italia y allí vive ahora, esperando que amaine esa artificial tormenta mientras emprende un periodo de docencia y consultorías. Por un momento temió ser encarcelada y que su hijo de 11 años (huérfano de padre) fuera colocado en una dependencia estatal. Por eso se fueron a Roma.

Un buen deseo para el año 2015 es que Sandra Morelli escriba o dicte un libro y hasta un guión para un documental que sirva a los estudiantes de derecho y a los ambientalistas de Colombia y otros países para que se vea qué puede hacer una contralora con empuje. Ahí explicaría los detalles técnicos y las anécdotas de sus actuaciones para meter en vereda a compañías y funcionarios estatales en los casos de Cerro Matoso (minería de ferroníquel, cuya concesión administrativa es defectuosa al haber supuesto la expulsión de poblaciones locales); de la Drummond, por daños al ambiente y a la salud pública en el puerto de Santa Marta y en sus horrendas explotaciones de carbón en El Cesar; de la Billiton y su despojo de territorio wayúu en La Guajira y su intento de desviación del río Ranchería; de la Anglo Gold Ashanti en La Colosa, en Tolima, explicando las razones de la legalidad del referendo de la localidad de Piedras…

Sandra Morelli auspició la publicación de cuatro libros sobre la minería en Colombia. En otras épocas esos textos publicados por la Contraloría estarían ya hechos picadillo, pero dio tiempo a salvarlos en la web y ahí están para ser estudiados. Es asombroso que ante estas evidencias se siga elogiando la locomotora minera. La edición de estos cuatro excelentes informes ha estado a cargo del economista Luis Jorge Garay. El volumen cuatro incluye datos de contaminación de agua en El César obtenidos por el geólogo Robert Moran y un excelente inventario y estudio de conflictos ambientales en Colombia del economista ecológico Mario A. Pérez Rincón. Estos son los links:

http://justiciaambientalcolombia.org/2014/08/11/coleccion-estudios-contraloria-mineria-colombia/

Vol. 1: Fundamentos para superar el modelo extractivista.

Vol. 2: Derechos, políticas públicas y gobernanza.

Vol. 3: Daños ecológicos y socioeconómicos, y consideraciones sobre un modelo minero alternativo.

Vol. 4: Control público, memoria y justicia socioecológica, movimientos sociales y posconflicto.