Chilpancingo, Gro.

Para mejorar su imagen en el exterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto pretende dar carpetazo al caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al asesinato de tres alumnos más y de otros tres ciudadanos, advirtió Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al cumplirse tres meses de que los jóvenes fueron agredidos por la policía municipal de Iguala.

El gobierno federal está instrumentando “una operación que busca aislar el caso Iguala para poder reposicionarse políticamente ante la opinión pública internacional, y decir que está atendiendo el caso, que va muy avanzada la investigación, que ya están detenidos los responsables materiales y que simplemente, como dijo el presidente (Peña Nieto), hay que ‘superar’ este caso y darle vuelta a la página.

Esto es lo que se quiere vender a la opinión pública, lo que evidencia el poco compromiso y respeto que se tiene con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos, dijo Barrera en entrevista telefónica.

El gobierno (federal) pretende invisibilizar, empequeñecer y diseccionar el caso Ayotzinapa en el plano internacional, tratando de demostrar que es un problema circunscrito a un municipio, a algunas autoridades y algunas policías, indicó.

El gobierno de Peña Nieto se ha concretado a decir, primero, que se está investigando y castigando a los que son responsables, y que por tanto hay que darle carpetazo y vuelta a la página. Trata de que los costos políticos no sean tan altos, manejando una visión de los hechos circunscrita al ámbito municipal, donde solamente las autoridades de ese nivel son las responsables.

El problema, recalcó Barrera, es que deja en la total impunidad y encubre a todo el aparato de justicia, de seguridad, que tienen responsabilidad en este caso, las corporaciones policiacas estatales y federales, elementos del Ejército Mexicano y, obviamente, autoridades civiles del estado (de Guerrero).

Problema generalizado

Lo cierto es que es evidente que el caso Ayotzinapa trastocó la médula del sistema político que nos ha gobernado, y que se trata de un problema transversal, que atraviesa todo el país, porque estamos hablando de una práctica arraigada de corrupción y del vínculo entre la delincuencia organizada y las autoridades, de los tres niveles de gobierno. También del contubernio que existe entre los grupos de la delincuencia que trabajan de manera coordinada con corporaciones policiacas, que cuentan con el aval de instancias como el Ejército Mexicano.

El defensor de los derechos humanos manifestó que Peña Nieto pretende imponer un control férreo sobre las instituciones, fortaleciendo el uso de las corporaciones policiacas para imponer el orden y seguir en la tendencia de militarizar, de enviar policías de primer nivel para contener, sobre todo, el movimiento social, criminalizar la protesta y seguir imponiendo sus planes macroeconómicos, basados en sus reformas constitucionales.

Sin duda, insistió, vemos un escenario sumamente polarizado, con un gobierno que pretende apaciguar a cualquier costo este malestar ciudadano, tratando de recomponer su imagen para reposicionarla en 2015, dejando en el olvido, sin justicia y sin verdad, a las víctimas.