Acapulco es el municipio que tendrá la partida presupuestal más grande para prevenir la violencia y el delito, con 95.5 millones de pesos. A su vez, Guerrero, con la mayor tasa de homicidios dolosos, es la entidad con una bolsa mayor para este fin, 207 millones de pesos, a gastar el año entrante.

El plan federal antidelito tiene para 2015 un presupuesto general de 2 mil 683 millones de pesos, sólo 3 por ciento más que el actual.

Aunque el país tiene 2 mil 440 municipios (más 16 delegaciones en el Distrito Federal), el proyecto para prevenir el delito cubrirá para el año próximo 66 ayuntamientos (3.6 por ciento del total), cinco delegaciones capitalinas, siete zonas metropolitanas y dos conurbadas.

Por ayuntamientos, Acapulco encabeza la lista; le sigue Ciudad Juárez, Chihuahua, con apoyo federal para esta materia de 78.4 millones de pesos; Tijuana, Baja California, 63 millones; Culiacán, Sinaloa, 63.5; Ecatepec, estado de México, 57.5; Iztapalapa, Distrito Federal, 53.3, y Gustavo A. Madero, también en la capital del país, 41.7 millones.

Por estados, Guerrero va a la cabeza y le sigue Chihuahua (156.3 millones), Tamaulipas, con 139.5, y Sinaloa, con 104.3.

En el caso específico de Guerrero la Secretaría de Gobernación incluyó seis ayuntamientos: Acapulco, Chilpancingo, 27.8 millones; Zihuatanejo, 25.5; Iguala (zona conurbada), 23.3; Chilapa, 18.9, y Coyuca de Benítez, 18.7

Por zonas, sobresale el área metropolitana de Guadalajara, con 127.3 millones, seguida por la de Monterrey, con 129.3, y La Laguna, con poco más de cien millones. Más atrás, en cuanto a recursos, están las zonas metropolitanas de Veracruz, Cuernavaca y Querétaro.

La Secretaría de Gobernación publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.

Las entidades federativas recibirán las suministraciones en dos partes; la primera corresponderá a 70 por ciento de la cantidad asignada y será entregada a partir del 15 de febrero de 2015, previa acreditación de las obligaciones establecidas en los lineamientos; la segunda corresponderá a 30 por ciento del monto y se entregará a partir del 15 de julio de 2015.

El acuerdo establece que el ejercicio de los recursos federales y las políticas, proyectos y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno deberán alinearse a la seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, perspectiva de género y cohesión comunitaria.

Para la planeación, programación, asignación, distribución, aplicación y evaluación del programa deberán de observarse los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad y proximidad, así como transparencia y rendición de cuentas.