Avalada por senadores del PRD y el PAN, la iniciativa para crear la ley de combate a la corrupción establece mecanismos del Estado mexicano para blindar a los tres niveles de gobierno contra la infiltración del crimen organizado, entre ellos obligar a los candidatos a puestos de elección popular a presentar exámenes de control de confianza.

La iniciativa, presentada por el senador del PRD Armando Ríos Piter, en nombre de su bancada, fue respaldada por los legisladores del PAN y es uno de los temas a los que se dará prioridad en el próximo periodo de sesiones, que comienza en febrero.

El perredista comentó que se podrá analizar durante el receso legislativo de enero, ya que es fundamental aprobar a la brevedad ese ordenamiento, en momentos en que el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa mostró la realidad de la narcopolítica, con autoridades involucradas en el narcotráfico y con otras bandas criminales.

Expuso que ante la crisis de seguridad que vive el país, el presidente Enrique Peña Nieto presentó un decálogo que se quedó corto y que fue claramente insuficiente. Su propuesta se queda sólo en el ámbito municipal, pese a que la infiltración del crimen organizado alcanza todos los niveles de gobierno.

En cambio, explicó, la ley general de combate a la corrupción política, que el PRD propone, va a fondo, ya que establece la definición de conflicto de interés en la administración pública y las sanciones imputables a todo servidor público que se involucre o se beneficie con hechos de corrupción y lavado de dinero, específicamente en nexos con el crimen organizado.

Se requiere una legislación de ese nivel, porque es evidente que la corrupción ha corroído todos los espacios de la vida pública, de manera particular la que inicia en los partidos políticos cuando sin filtros y sin claridad no se sabe a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos.

Su propuesta incluye modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para obligar a los aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción una solicitud de verificación de controles de confianza.

La solicitud será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, los cuales determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate, desde el más humilde de los regidores hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal.

La iniciativa incluye además modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las autoridades en materia de combate a la corrupción puedan iniciar el trámite de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos.

Insistió en que la crisis de violencia y la descomposición social en el país son resultado de la falta de voluntad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para combatir la corrupción en todas sus aristas. De no blindarse los procesos electorales y la administración pública, peligra la democracia.