yer fue trasladado al penal de Mil Cumbres, en las afueras de Morelia, Hipólito Mora, líder de una facción de las disueltas autodefensas e integrante de la Fuerza Rural, en el contexto de una acusación penal por su participación en el enfrentamiento del pasado 16 de diciembre en La Ruana, en el que murió su hijo Manuel y otras 10 personas. Como se recordará, la refriega ocurrió entre seguidores de Mora y el grupo denominado H3, comandado por Luis Antonio Torres, El Americano, quien ha sido señalado por varios dirigentes de autodefensas de pertenecer a la delincuencia organizada. Después del tiroteo el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, conminó a ambos cabecillas a entregarse a las autoridades para esclarecer los hechos.
La enemistad entre ambos líderes tiene historia. Desde principios de este año Mora ha insistido en que Torres mantiene vínculos con los Caballeros templarios y con el grupo denominado Los viagras. En marzo pasado, Mora fue acusado y encarcelado durante dos meses por su supuesta participación en los asesinatos de dos hombres de El Americano, cargo del que fue posteriormente exonerado. Por lo demás, dicho conflicto no es el único hecho que desmiente las aseveraciones oficiales en el sentido de que la violencia en Michoacán está superada y que la conformación de la Fuerza Rural ha resuelto la escalada que vive esa entidad desde el inicio de 2013, cuando diversas poblaciones de la región de Tierra Caliente formaron los grupos de autodefensa para expulsar de sus localidades a los Caballeros templarios, los cuales, con la ausencia o la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, ejercían el poder real en la zona.
A la fecha, la intervención del gobierno federal en el territorio michoacano deja un saldo de inconsistencias tan graves como que el principal cabecilla de la delincuencia organizada, Servando Gómez Martínez, La Tuta, no ha sido capturado, en tanto que centenares de integrantes de las autodefensas se encuentran en la cárcel, como es el caso de José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, y quien en su momento denunció la rápida infiltración de la Fuerza Rural por parte de integrantes de la criminalidad organizada.
Por lo que hace a Mora y a Torres, es imposible no recordar ahora los señalamientos del primero, sobre que el comisionado Castillo protegía al segundo, aun a sabiendas de su presunto involucramiento con la delincuencia, por la simple razón de que, una vez más, la justicia ha sido aplicada en forma arbitraria y discrecional: Mora está en un penal y Torres permanece libre.
Lo anterior muestra hasta qué punto la normalización y la pacificación de Michoacán, pregonadas desde las instancias gubernamentales, constituyen acciones meramente mediáticas que no han resuelto la descomposición institucional y social que padece la entidad y que se han limitado a encubrir la violencia persistente, la impunidad y la corrupción.
