Además del incremento en el número de sacerdotes asesinados en México, el secuestro de religiosos aumentó 300 por ciento. En un artículo que publicó el semanario Desde la Fe aborda el reporte El riesgo de ser sacerdote en México, que realizó la organización católica Centro Católico Multimedia (CCM), el cual indica que en los dos primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto este fenómeno también ha ido en aumento.

Una de las conclusiones a las que llega el CCM, dice el semanario, es que, de acuerdo con los datos, México se ha convertido en el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal. Si vemos el fenómeno en perspectiva histórica, el panorama para 2015 no es alentador para el sector religioso.

Según el CCM, en los pasados 12 meses dos sacerdotes adscritos a la arquidiócesis de Acapulco, Guerrero, perdieron la vida al ser secuestrados por grupos violentos, lo que ha llenado de dolor a la Iglesia de México.

El informe detalla algunos de los asesinatos contra sacerdotes, entre ellos el de un presbítero que pertenecía a la diócesis de Atlacomulco, estado de México, quien fue asesinado durante un robo en el templo del cual era párroco.

También habla sobre el rescate de tres sacerdotes: uno de la diócesis de Apatzingán, estado de Michoacán; uno más de la diócesis de Ciudad Altamirano, Guerrero, y un sacerdote de la arquidiócesis de Xalapa, Veracruz, quienes fueron víctimas de secuestro. En el artículo se contabilizan varios agravios sacrílegos. En este rubro se registró un aumento del ciento por ciento en los robos a templos, comparado con el sexenio pasado.

“Un ejemplo de lo anterior, sucedió el 23 julio de 2014, cuando elementos de la Marina y agentes del Ministerio Público Federal irrumpieron violentamente en un templo de la Diócesis de Apatzingán, estado de Michoacán; así lo hizo saber el obispo Miguel Patiño en un escrito dirigido al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Esto nos permite ver que los agentes de la pastoral en México son cada vez más vulnerables a la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones forzadas, puesto que las autoridades les brindan poca o nula protección contra atentados, sobre todo en las zonas de alto riesgo, advierte el CCM.