El veredicto de la primera audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre la industria minera canadiense realizada en Montreal, determinó responsabilidad del gobierno de Canadá y de empresas mineras.

Integrantes de las comunidades afectadas en América Latina y expertos en minería y derechos humanos informaron en mayo al jurado del tribunal sobre el impacto de esa actividad en la región, y hace unos días se emitió el veredicto, reportó en un comunicado la organización canadiense L’Entraide Missionnaire.

Las responsabilidades que determinó el jurado se sustentan en los múltiples casos de destrucción del medio ambiente, violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, de asesinatos, de criminalización a los opositores y de transgresiones a las libertades sindicales.

Las evidencias que fueron presentadas muestran la complicidad y la responsabilidad de distintos organismos del gobierno federal, en particular de su red diplomática y de sus instituciones de cooperación internacional, deploró Nicole Kirouac, abogada e integrante del jurado de la sesión de mayo.

Óscar Morales, afectado por el proyecto Escobal, en Guatemala, y testigo en la audiencia de Montreal, señaló que la criminalización y represión de la protesta social, que se vive tanto en Guatemala como en otros países de América Latina, se han agudizado con la renovación de los marcos legales, contribuyendo a perpetuar la impunidad de los actos de represión.

Se debe dar un proceso de reparación que implica varios pasos, incluido el cese inmediato de las actividades que causan o aumentan los perjuicios, el reconocimiento de los daños y el establecimiento de leyes y mecanismos para evitar que vuelvan a ocurrir, sostuvo Gianni Tognoni, secretario general del TPP Italia.

Los testigos que comparecieron mostraron claramente que los sucesos presentados no son casos aislados, sino que representan una situación generalizada de impacto grave sobre la salud, la vida, el medio ambiente y la participación ciudadana de las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres indígenas, asentó por su parte Viviane Michel, presidenta de Femmes Autochtones de Québec (Mujeres indígenas de Québec) y juez durante la audiencia.

El veredicto será canalizado al conjunto de partidos políticos y diputados canadienses, al igual que a los órganos pertinentes de la Organización de Naciones Unidas, informó la agrupación.