A pesar de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) tiene 43 años de haber sido creado, menos de uno por ciento de los capitalinos saben de su existencia y de la labor que realiza en favor de la población, reconoció la titular de ese organismo, Yasmín Esquivel Mossa.

En entrevista, manifestó que uno de los retos que se tienen para 2015 es hacer una gran difusión para que la gente conozca y sepa lo que hace este tribunal, que es resolver las quejas que presentan los habitantes de esta ciudad en contra de actos de las autoridades, y eso es un reto importante.

Detalló que en este 2014 se han recibido cerca de 12 mil quejas de capitalinos, la mayoría de ellas por

multas de tránsito que se consideran injustificadas, y por cobros de impuesto predial y agua que en opinión de los inconformes son excesivos.

A pesar de que muchas de las resoluciones del TCADF son favorables a los ciudadanos, la magistrada presidenta del TCADF expresó que menos del 1 por ciento de los habitantes del Distrito Federal conoce lo que es el Tribunal de lo Contenciososo; quienes sí lo conocen son los despachos de abogados que se encargan de tramitar y gestionar muchos asuntos, y con ello se convierte en un tribunal de élite y no queremos que sea eso, queremos que sea un tribunal ciudadano, para los ciudadanos.

Puntualizó que la gente que quiera presentar una queja ante este tribunal en contra de una resolución de autoridades del GDF –como de un delegado, secretario, directores o incluso del mismo Jefe de Gobierno— no necesita contratar un abogado, pues en el TCADF se cuenta con una defensoría jurídica gratuita, en donde se les asigna un abogado que elabora la demanda y les patrocina el juicio hasta la resolución final.

Finalmente, Yasmin Esquivel resaltó la imperiosa necesidad de que haya esa difusión de la existencia de este Tribunal, tanto por los mismos medios de comunicación como por este mismo organismo y la gente sepa en qué casos se puede recurrir a él y qué tipo de actos administrativos puede impugnar.

De hecho, informó que algunos de los ex servidores públicos del Proyecto Metro que fueron inhabilitados o multados por la Contraloría General derivado de su responsabilidad en las fallas de la Línea 12 impugnaron esas sanciones ante el TCADF.