Juan N. Silva Meza concluye debilitado su periodo como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este 31 de diciembre.

A pesar de que el máximo tribunal de justicia del país obtuvo diversos reconocimientos a escala internacional –en diciembre de 2013 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas– en los cuatro años de gestión del ministro Silva, en el pleno se produjeron divisiones que fueron evidentes en las votaciones de los asuntos, en que seis ministros (de 10) se hayan postulado para sucederlo y en que –de acuerdo con fuentes judiciales consultadas–, por primera vez en mucho tiempo, el presidente de la Corte no tenga fuerza suficiente ni sea factor definitivo en la elección, que se llevará a cabo el próximo 2 de enero.

Por otra parte, propios y extraños consideran que el principal legado de la administración que está por terminar es, precisamente, el reconocimiento de diversos grupos de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales, como Humans Rights Watch a la labor de la SCJN como una institución ejemplar a la que hay que apoyar.

Sin embargo, este prestigio internacional no es compartido a escala nacional, ya que diversas organizaciones sociales criticaron las decisiones del pleno de la Corte al avalar las reformas constitucionales y legales impulsadas por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Desde la desmantelación del sistema de seguridad social con las reformas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la desaparición del Luz y Fuerza del Centro en el sexenio pasado. Hasta la validación de la reforma laboral, la política y la negativa a realizar la consulta ciudadana sobre la reforma energética, fueron decisiones del pleno ministros en favor del gobierno y del Congreso en turno, las cuales fueron cuestionadas por amplios sectores de la sociedad.

Los informantes destacaron que, en cambio, una de las decisiones más trascendentales de la Corte fue como resultado de la sentencia de la SCJN Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla, la cual culminó con la resolución en el sentido de que los delitos cometidos por militares en agravio de civiles deben ser juzgados por el fuero común.

El proceso para elegir sucesor de Juan N. Silva Meza se realizará el próximo 2 de enero. En la imagen, el magistrado durante su cuarto informe de labores, efectuado el pasado 11 de diciembreFoto Carlos Ramos Mamahua

Otro tema en el que destacó la Corte a escala nacional e internacional fue con la aprobación de seis protocolos de actuación para juzgadores, que aun cuando no son vinculatorios, sí marcan una pauta en el respeto a los derechos de los justiciables, que son:

Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos; protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género; protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas; protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes; protocolo para juzgar con perspectiva de género; protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, y protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad.

En estos cuatro años, la labor de la primera y segunda salas tuvo un mayor sentido social que el pleno, tal como lo reflejan decisiones que prohibieron discriminar a personas con discapacidad en la contratación de seguros, ampararon a personas que fueron rechazadas en una oferta de trabajo por su discapacidad; determinaron que la prohibición a los matrimonios entre personas del mismo sexo es discriminatorio e inconstitucional; protegieron los derechos de los no fumadores y el derecho a la salud; avalaron el acceso a las averiguaciones previas en asuntos vinculados con desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad, entre otras.