Este 2014 cierra con 28 estados de la República en que ya comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal, basado en los juicios orales.

De hecho, hoy se integrarán a ese nuevo modelo de justicia, llamado acusatorio, Colima y Tlaxcala, entidades en las que se iniciará parcialmente, informó la Secretaría de Gobernación.

En un comunicado, la dependencia destacó que a 18 meses de que se cumpla el plazo otorgado para que las entidades operen el nuevo sistema penal, a escalas local y federal, hasta ahora son cuatro los estados en que funciona totalmente. Se trata de Yucatán, estado de México, Chihuahua y Morelos, mientras que otras 24 entidades de la República lo hacen de forma parcial.

Sólo Durango y Puebla lo operan tanto a escala local como federal y es por ello que 2015 será un año importante para que el resto de las entidades realicen también su puesta en marcha a nivel federal, recalcó la dependencia.

Explicó que en su primera etapa, el estado de Colima inicia la operación de este nuevo modelo penal en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, con cinco jueces especializados en la reforma penal y cinco salas de oralidad.

En tanto que en Tlaxcala comienza en los municipios de Guridi y Alcocer, en los delitos no graves, con cinco jueces especializados y dos salas para juicios orales.

En el comunicado se destaca que Colima tiene planeada una operación gradual de la reforma penal en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, y en agosto en Manzanillo, Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, para operar totalmente.

En lo que respecta a Tlaxcala, se tiene programado que en Sánchez Piedras inicie en noviembre de 2015, también por delitos no graves, y para junio de 2016 se culminará la operación en todos los delitos.

Gobernación resaltó que para 2016 se tiene la meta de que las 32 entidades federativas operen el sistema acusatorio, para que todos los mexicanos cuenten con un sistema eficiente y trasparente que respete los derechos humanos, tanto de víctimas como de imputados.

Un sistema en el que la pronta reparación del daño para las víctimas, el evitar procesos largos y confusos, así como el respeto a la presunción de inocencia de los imputados sean ejes fundamentales que definan esta nueva forma de dar acceso a la justicia.