a Procuraduría General de la República (PGR) anunció ayer la decisión del gobierno federal de permitir el acceso de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, a las instalaciones de cuarteles del Ejército, con el fin de buscar a sus hijos o bien de allegarse de algún elemento que les permita dar con su paradero.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo ayer mismo que se invitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a recorrer las instalaciones del cuartel del 27 batallón militar de infantería del Ejército, ubicado en la referida localidad guerrerense.

Ante la erosión de la credibilidad de las instituciones –particularmente las dedicadas a labores de seguridad–, en el contexto de las demandas de esclarecimiento y justicia de los familiares de Ayotzinapa y su entorno social de apoyo, y ante la difusión de indicios que podrían vincular de alguna manera a elementos del Ejército con los sucesos del 26 de septiembre pasado, los pronunciamientos referidos constituyen gestos saludables que contribuyen a disminuir un factor de tensión creciente entre sectores civiles y el orden castrense: apenas el pasado lunes esa tensión se expresó en un enfrentamiento a las afueras de la sede del 27 batallón de infantería entre efectivos de la Policía Federal y padres y compañeros de los estudiantes agredidos y desaparecidos, que arrojó un saldo de cuatro heridos.

El gesto resultaba necesario en la medida que el clima de incredulidad, escepticismo y exasperación ciudadanas en torno a las referidas desapariciones ha venido siendo alimentado porque los resultados de las investigaciones oficiales en torno al caso no han convencido a los padres de los afectados ni a sectores sociales y políticos que se han solidarizado con ellos; a lo anterior se sumó en días recientes la postura de las autoridades de descartar a priori toda línea de investigación que involucrara la responsabilidad en los hechos de alguna corporación pública federal.

El anuncio de la apertura de los cuarteles a la sociedad civil y a la CNDH constituye un cambio importante en esa postura gubernamental, y si algo cabe reprochar a esa decisión es que no haya sido adoptada antes, pues con ello se habría podido aminorar en alguna medida la carga de escepticismo y de descontento social hacia las instituciones.

Cabe desear que el gobierno entienda que ejercicios de transparencia y apertura como el comentado resultan imprescindibles no sólo para desactivar las sospechas actuales hacia fuerzas armadas entre los sectores sociales que se han solidarizado con los normalistas de Ayotzinapa, sino también para restañar la credibilidad en las instituciones.