Organizaciones de derechos humanos y autoridades judiciales de Nuevo León presentarán este jueves al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, anunció Consuelo Morales, dirigente de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac).

Este protocolo es el primero en México y su aplicación en Nuevo León permitió localizar a mil 35 personas de las mil 162 reportadas como ausentes entre marzo y noviembre de 2014.

El documento explica cómo se logró coordinación entre familiares de víctimas, organizaciones no gubernamentales y autoridades estatales. Asimismo permitió crear el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI).

La intención de presentarlo a la ONU, al mediodía de este jueves es que se aplique en otros estados y países. Tamaulipas ya trabaja en ello, primero en la ciudad de Nuevo Laredo, explicó la religiosa.

En el acto, que se realizará en el Museo del Noreste, estarán Ariel Dulitzky, presidente del grupo de trabajo de la ONU, y Mariclaire Acosta, de Freedom House, entre otros.

Que tanto las familias de los desaparecidos como las autoridades locales tengan claro qué pasos tomar para una búsqueda más rápida, dijo la dirigente de Cadhac, pionera en el rastreo de personas desaparecidas.

El procurador (de Nuevo León, Adrián de la Garza) ha sido de mucha ayuda. Este esfuerzo es especialmente de los familiares de las víctimas y de nosotros, que somos intermediarios para orientarlos, señaló Morales.

Agregó que rechazaron la oferta de crear una fiscalía especial porque eso significaría menos personal para la búsqueda. En lugar de eso se creó el GEBI, que actúa en las primeras 72 horas después de la recepción de una denuncia y en ese lapso debe informar al denunciante el resultado. Una vez transcurrido ese tiempo las indagatorias pasan al Ministerio Público.

La dirigente explicó que se estableció una rutina de reuniones mensuales de familiares de desaparecidos, abogados de Cadhac e investigadores de la procuraduría para intercambiar información y avances de las pesquisas.

Además, cada dos o tres meses nos reunimos en cuatro grandes mesas para informar acerca de los casos que vayan más avanzados, dijo.

Señala colusión entre gobierno y crimen en BC

En Baja California, Miguel Ángel García Leyva, representante legal de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad, comentó que esta práctica busca infundir terror de manera sistemática y promover la impunidad, como parte de una complicidad descarada entre la delincuencia organizada y la gubernamental.

Al cumplirse ocho años de la desaparición de Diego Hernández Leyva, policía ministerial del estado, la organización señaló que este crimen no se ha resuelto debido a la existencia de una red de corrupción e impunidad en la que están involucrados servidores públicos e instituciones ineficaces para aplicar la ley, pero que impulsan la ilegalidad.