Toluca, Mex.

Al menos 20 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) están sujetos a investigación por su presunta responsabilidad en abusos infligidos a testigos de la masacre en Tlatlaya, cometida el pasado 30 de junio, donde 22 personas fueron ultimadas a tiros por elementos del Ejército, aseguró el procurador de la entidad, Alejandro Gómez.

El funcionario reveló por primera ocasión que agentes del Ministerios Público, secretarios y peritos en diversas ramas son investigados para dar cumplimiento a la recomendación que sobre ese acontecimiento emitió en octubre de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se concluyó que hubo irregularidades cometidas por el personal de la PGJEM, relacionada con el maltrato a tres mujeres que fueron testigos de los hechos.

El funcionario aclaró que ninguno de esos servidores públicos ha sido separado del cargo, con base en la presunción de inocencia y porque aún no se comprueba su responsabilidad.

Agregó que todos están sujetos a investigación y han colaborado para que el caso se esclarezca lo antes posible.

Mencionó que han entrevistado en varias ocasiones a las tres mujeres que presenciaron los hechos y denunciaron abusos en su contra.

Agregó que para dar cumplimiento a la recomendación de la CNDH se trabaja en la indemnización de las víctimas, cuyo monto final se conocerá cuando concluya la indagatoria para saber exactamente cuáles fueron los abusos.

Aseguró que ha existido coordinación con el instituto de atención a víctimas que las dio de alta en su registro.

Sobre la versión que sostiene la CNDH de que se alteró la escena del crimen, el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, dijo que los elementos de la procuraduría estatal llegaron al lugar de los hechos seis horas después de los acontecimientos, por lo que opinó que es difícil que personal de la PGJEM haya participado en esta acción.