El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del acueducto Independencia de Sonora, aprobado por el gobierno federal, es inválido, por lo que el Ejecutivo federal cuenta con 30 días naturales para presentar un nuevo documento que cumpla con la norma constitucional y legal a en la materia.

Así lo establece el proyecto elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la controversia constitucional presentada por los municipios de San Ignacio Río Muerto y Cajeme contra la construcción y operación de dicha obra, cuyo propósito es enviar aguas del río Yaqui a la cuenca del Sonora.

En sesión privada, los ministros de la sala apoyaron en términos generales el proyecto, que invalida la manifestación de impacto ambiental del acueducto, avalada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en febrero de 2011, y acordaron analizar a fondo los peritajes y conclusiones que contiene el expediente para fortalecer el proyecto.

Incumplió la Semarnat amparos concedidos a la tribu yaqui

Trascendió que entre los temas que más preocupan a los ministros está la aprobación de las autoridades federales al gobierno de Sonora para que el caudal del Yaqui, cuyos derechos fueron otorgados a la tribu yaqui mediante decreto presidencial en el sexenio de Lázaro Cárdenas, cambie de uso, al pasar de agua para riego a consumo humano (particularmente para abastecer a la ciudad de Hermosillo).

También cuestionan que la Semarnat no cumplió los amparos concedidos por la propia Corte a la tribu yaqui, a efecto de que la dependencia federal garantizara su derecho de audiencia antes de que terminaran las obras del acueducto, lo que constituiría una violación a sus derechos, al igual que los de los municipios demandantes.

Fuentes judiciales comentaron que de aprobarse el dictamen propuesto por Pardo, El ejecutivo federal tendría que presentar una nueva manifestación de impacto ambiental que demuestre que el acueducto Independencia es viable y no viola las garantías de los municipios ni los de la tribu yaqui, que reclaman que la citada obra lesiona su derecho al agua.

En caso de que la Corte rechazara ese nuevo documento, los ministros podrían ordenar la inhabilitación de la obra, añadieron.

Cabe señalar que el conflicto en Sonora se tradujo en movilizaciones, bloqueos carreteros y detención de líderes yaquis, como Mario Luna Romero, quien fue acusado por diversos delitos, presuntamente cometidos en el contexto de las protestas contra el acueducto.

La controversia constitucional impugna, entre otras cosas, la decisión de la Comisión del Agua del gobierno de Sonora y la expedición de títulos de concesión que asignan 40’182,450.60 millones de centímetros cúbicos; 11’720,000.00 millones de metros cúbicos y 8’582,594.00 millones de metros cúbicos de aguas superficiales del río Yaqui a las autoridades sonorenses en la materia.

Por otra parte, este asunto ha tenido un largo litigio en la Suprema Corte, la cual admitió tres controversias constitucionales: las presentadas por los municipios de San Ignacio Río Muerto y Cajeme, y por el municipio de Hermosillo, el cual pidió frenar todos los procedimientos que pedían la suspensión de la obra.

Además, tres juicios de amparo interpuestos por integrantes de la tribu yaqui del pueblo de Vícam, así como por las Asociaciones de Usuarios Productores Agrícolas, de las secciones de riego número 16 y K-73+500. La Corte les dio la razón a efecto de que la Semarnat les garantice su derecho de audiencia, orden que –según los quejosos– no fue cumplida.