nte la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé, informó que los bienes con que se cuenta tras la liquidación de la sociedad financiera popular (Sofipo) Ficrea son insuficientes para pagar a los ahorradores defraudados el monto de sus depósitos en la misma, y detalló que a la fecha ese monto impagable
en litigio suma 5 mil 900 millones de pesos.
En el mismo acto, el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz, admitió que desde julio de 2013 detectó transferencias internacionales de Ficrea a través de las empresas Leadman y Baus para adquirir inmuebles en el extranjero, con fondos de los ahorradores y beneficio de terceros ajenos a la operación de depósito para el ahorro.
Lo dicho por Bazbaz da cuenta de una actitud omisa e irresponsable de las instancias de supervisión financiera, las cuales, según puede entenderse, tuvieron conocimiento, por lo menos desde 2013, de actividades turbias de los socios de Ficrea. A ello se agrega la prueba de que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sancionó a Ficrea entre 2012 y 2013 por irregularidades diversas como la falta de información a sus clientes.
Esos hechos debieron llevar a las instituciones reguladoras a emprender acciones preventivas para evitar fraudes como el que se concretó en perjuicio de unos mil 800 ahorradores. Sin embargo, no fue sino hasta noviembre del año pasado que, luego de detectar una triangulación sospechosa de recursos
, la CNBV decidió intervenir Ficrea, y pasaron varias semanas para que los ahorradores se enteraran –por medio de notas de prensa, para colmo– de la decisión gubernamental de disolver esa Sofipo.
La actitud omisa e indolente de las autoridades sería reprobable en cualquier contexto, pero en nuestro país se agrava si se toma en cuenta el antecedente del rescate bancario zedillista a través del Fobaproa/IPAB, que entre 1997 y 2012 costó 889 mil 403 millones de pesos al erario, y a partir del cual supuestamente se generaron mecanismos de protección al ahorro con el fin de garantizar el patrimonio de los usuarios de la banca y proveer de solidez
al sistema financiero.
Por lo demás, el caso Ficrea exhibe un discriminación legislativa e institucional hacia los usuarios de las Sofipos, que son, por lo general, pequeños ahorradores: en tanto que el monto máximo garantizado para los defraudados por Ficrea es de poco más de 130 mil pesos, los usuarios de la banca comercial, en contraste, tienen asegurados más de 2 millones de pesos para casos similares. Por añadidura, mientras que en 1997 se decidió endeudar el país para rescatar a los capitales afectados por el desplome bancario, ahora el gobierno desampara a este grupo de pequeños ahorradores en desgracia.
Es evidente, en suma, que la legislación y la institucionalidad que se originaron después del desfalco del Fobaproa acusa deficiencias estructurales no corregidas en más de tres lustros y agravadas por una supervisión deficiente y omisa de las autoridades. En lo inmediato, además de imputar a todos los responsables corporativos del fraude, es imperativo esclarecer la cadena de responsabilidades institucionales que condujeron a la consumación de la estafa de Ficrea.
