El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) de Oaxaca denunció que a unos días de haber publicado una acción urgente por las amenazas de muerte que recibió el defensor de Pablo López Alavés, preso político ecologista encarcelado desde 2010, el viernes pasado dos policías uniformados se presentaron en la casa de la organización pateando la puerta y exigiendo a gritos ingresar para platicar, lo que no permitieron sus compañeros, por miedo a que entraran a golpearlos o a llevárselos y desaparecerlos, como está pasando actualmente en este país.

Asimismo, responsabilizó de las amenazas contra sus militantes y sus oficinas al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, pues pese a tener mesas de trabajo donde se están tratando medidas cautelares para la casa comunitaria del CIPO-RFM, de Miguel Cruz Moreno y parientes, y para la familia de López Alavés y su abogado, Galdino Vicente Baltazar Sumano, no vemos respuestas, al contrario, están aumentando los riesgos de que entren en la casa comunitaria y se lleven a algún compañero. 

En agosto de 2010, Pablo López Alavés, zapoteco, fue secuestrado por hombres encapuchados y al otro día trasladado al penal de Etla acusado de homicidio calificado y tentativa de homicidio, informó el CIPO, afirmando que la averiguación previa en su contra (276(II)2007) está llena de inconsistencias e irregularidades.

Apuntó que López Alavés es reprimido por defender el bosque en su comunidad de San Isidro Aloapam contra los talamontes del municipio de San Miguel Aloapam, quienes son apoyados por grupos paramilitares y organismos gubernamentales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca informó el pasado día 15 en un comunicado, que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciará una averiguación previa por amenazas al ecologista indígena López Alavés, a su esposa Yolanda Pérez, a sus familiares y a su abogado.

Asimismo, que debido a dichas amenazas la Defensoría del Pueblo de Oaxaca “pidió y obtuvo medidas de protección que efectuará la PGJE, mediante la investigación correspondiente a dichas intimidaciones, pero aún no ha recibido respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, a la cual solicitó proporcionar las medidas de vigilancia y protección que garanticen la integridad de las personas mencionadas.