Los megaproyectos económicos que despojan a muchas comunidades de sus territorios y recursos naturales van a seguir imponiéndose en México, lo cual hará aumentar el clima de enojo social y las movilizaciones de protesta y, por ende, la represión del gobierno, lamentó Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala.

El activista, quien el viernes anterior fue liberado después de pasar 10 meses en la cárcel por oponerse al Proyecto Integral Morelos (PIM), señaló en entrevista con La Jornada que pese a este escenario sombrío, los pueblos seguirán movilizándose por su propia subsistencia y para frenar la lógica capitalista de obtener beneficios de corto plazo, aunque ello implique la destrucción de su entorno.

Un día después de salir del penal de Cholula –luego de que un juez de esa misma ciudad acatara un amparo, el cual consideró infundado el auto de prisión en su contra por los delitos de motín, despojo y extorsión–, el luchador social dijo sentirse esperanzado de que la oposición a los megaproyectos vaya avanzando, aunque tiene claro que el escenario es difícil.

Vemos con preocupación el avance del gasoducto, no sólo porque es inviable, innecesario y riesgoso, sino también por el método de imposición con que lo llevan a cabo, que es una constante en el marco de la reforma energética y ocurre desde Sonora, con los yaquis, hasta Chiapas, pasando por nosotros, alertó.

Flores Solís fue detenido el 7 de abril del año pasado cuando salía de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, donde había acudido a presentar una queja por la aprehensión de la activista Enedina Rosas Vélez, de más de 60 años de edad y quien aún sigue en la cárcel.

Ambos luchadores sociales fueron llevados a prisión junto con otras 18 personas por llevar a cabo actividades de rechazo al PIM, que consta de una serie de plantas termoeléctricas, gasoductos y oleoductos –uno de los cuales atraviesa zona de riesgo volcánico y sísmico– que se están construyendo en Puebla, Morelos y Tlaxcala, lo que ha generado descontento en varias comunidades de la región que denunciaron el despojo de sus tierras.