Tijuana, BC.

La comisión jurisdiccional del Congreso de Baja California aceptó la solicitud de juicio político en contra de Francisco Pérez Tejada Padilla, quien fue presidente municipal priísta de Mexicali entre 2010-2013, presentada por el Sindicato de Burócratas.

Pérez Tejada Padilla, empresario y ex dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la capital de Baja California, se registró hace una semana como precandidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito electoral 7, que su hermano David ganó en los comicios federales de 2012.

Hace un mes, dicha comisión legislativa desechó una primera solicitud de juicio político presentada por la sindicatura municipal, por un presunto peculado de 900 millones de pesos, correspondientes a cuotas de seguridad social descontadas a 2 mil trabajadores durante tres años, y por no enterar pagos de préstamos a corto plazo ni de créditos hipotecarios.

El 28 de noviembre de 2014, Victoria Bentley, dirigente de los burocrátas, presentó la petición a la Cámara de Diputados, dos días antes de concluir el plazo legal de un año para iniciar el juicio político, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad.

La Procuraduría General de Justicia del Estado investiga dos denuncias de peculado y fraude contra el ex alcalde priísta, quien declaró que se trata de una campaña producto de un error administrativo y que usó los recursos para pagos de operación cuando fue alcalde.

El dictamen 11 de la comisión jurisdiccional rechazaba iniciar procedimiento de juicio político a Pérez Tejada pero, tras una discusión de cuatro horas, se decidió aprobarlo con los votos de tres legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los legisladores opositores (dos priístas y uno del Partido del Trabajo) alegaron que prescribió el plazo para que el Congreso iniciara el procedimiento.

La comisión revisará la presunción de responsabilidad y los requisitos para proceder al juicio político, pues el ex servidor público terminó su periodo el 30 de noviembre de 2013.