a explosión de una pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa dejó ayer un saldo preliminar de tres muertos –entre ellos, una bebé de seis meses–, alrededor de 70 heridos –de los cuales 21 son recién nacidos–, y colapsó el inmueble en 70 por ciento, aunque, dadas la gravedad de los daños materiales y la magnitud de la explosión, el desastre pudo haber tenido un saldo mucho más trágico. De acuerdo con pesquisas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal presentadas ayer en un informe preliminar, la explosión se originó por una fuga en una manguera de la pipa, en una válvula, la cual no se cerró.

Independientemente de los datos técnicos que arrojen las pesquisas, es claro que en este hecho confluyen un conjunto de negligencias de las corporaciones gaseras y de las autoridades encargadas de regularlas. En el caso de las segundas el hecho revela omisiones de diversa índole en materia de seguridad del funcionamiento hospitalario, particularmente en el proceso de suministro de combustible a ese tipo de centros. El hecho de que se atribuya el percance a una fuga en la manguera de la pipa revela la falta de protocolos específicos para el suministro de sustancias peligrosas en los hospitales, el cual, según puede verse, se realiza en condiciones similares a las recargas de combustibles en domicilios particulares y pequeños negocios.

A las omisiones de las autoridades se suma su incapacidad para meter en cintura a una industria gasera caracterizada por la forma caótica y desordenada en que opera. Accidentes de este tipo suelen ir precedidos de negligencias y desatenciones en el rubro de la seguridad industrial, en aras de la rentabilidad y consecuencia de mentalidades empresariales que operan con nulo sentido social e incluso con desprecio hacia la vida humana.

Por añadidura, si bien el gas natural entubado debiera ser la respuesta lógica y segura a la proliferación de pipas y camiones cilindreros que constituyen peligros rodantes, hasta ahora ese servicio –concesionado a compañías energéticas trasnacionales– no ha podido superar la carga de desconfianza y percepción de inseguridad que padece entre la ciudadanía a consecuencia de riesgosos defectos en la instalación, fallas en el suministro, cobros abusivos y altos precios.

En lo inmediato, tras el desastre ocurrido ayer en el nosocomio de Cuajimalpa cabe exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, además de una impecable atención médica, social y económica a las víctimas, una investigación acuciosa y puntual de lo sucedido que permita el deslinde de las responsabilidades civiles y penales a que pudiera haber lugar. Pero es indispensable también revisar y corregir las normas de seguridad en hospitales y otros sitios públicos y, desde luego, extremar los controles a las empresas abastecedoras de gas en todas sus modalidades. De no procederse en estos sentidos se acentuará la percepción de un desdén generalizado a la seguridad y a la vida de la población por parte de las autoridades y de los consorcios gaseros.