l diferendo judicial entre la Casa Blanca y diversos gobernadores republicanos por las acciones en favor de los migrantes, dispuestas recientemente por el presidente Barack Obama ha crecido ya hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, luego que el gobernador texano, Gregg Abbot, decidió ayer elevar hasta esa instancia una demanda en contra del mandatario por supuesta extralimitación de funciones.
Como se recordará, ante la imposibilidad de lograr la aprobación de una reforma de las leyes migratorias racistas y persecutorias en vigor en el país vecino, Obama anunció en noviembre del año pasado una acción ejecutiva para evitar la deportación de unos 5 millones de extranjeros indocumentados que viven en territorio estadunidense. La medida ampara a padres de ciudadanos estadunidenses y residentes legales permanentes que hayan llegado a Estados Unidos antes del primero de enero de 2010, y a indocumentados que ingresaron antes de cumplir 16 años y que hayan permanecido allí desde la fecha mencionada. La acción incluye asimismo la reducción en el tiempo de espera de green cards o permisos de internamiento para familiares extranjeros de ciudadanos estadunidenses. En contrapartida, la Casa Blanca anunció la multiplicación de las deportaciones de los migrantes llegados en fecha reciente.
Aunque las medidas referidas no tienen rango de ley y podrían ser derogadas en cualquier momento por el sucesor del actual presidente o por el mismo Obama, 26 gobernadores republicanos acusaron al mandatario de usurpar las facultades del Poder Legislativo y con ese argumento interpusieron, en diciembre pasado, una demanda que dio lugar a que el juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal para el distrito sur de Texas, bloqueara la acción ejecutiva presidencial.
Incluso en Estados Unidos es evidente que las leyes migratorias vigentes son disfuncionales e hipócritas, además de injustas, por cuanto la economía del país requiere de la fuerza de trabajo de los migrantes. Por lo demás, su criminalización favorece su explotación laboral e incluso carcelaria, lo que genera ganancias astronómicas a patrones y corporaciones que ven en la reforma migratoria una amenaza a sus intereses económicos y que, en consecuencia, financian una intensa labor de cabildeo en el Capitolio para torpedearla. Si hasta ahora no ha sido posible la reforma de tales leyes no ha sido posible hasta ahora, ello se debe al pragmatismo electorero con el que la clase política estadunidense aborda el tema migratorio: mientras que los demócratas buscan hacerse con una base lo más extensa posible de votantes de origen latinoamericano, los republicanos apuestan a satisfacer los sentimientos xenófobos y racistas de los sectores más cavernarios del electorado.
En tales circunstancias, la judicialización de la disputa política deja en una situación incierta y angustiosa a cientos de miles de trabajadores extranjeros y a sus familiares –sólo en Texas hay unas 20 mil personas en riesgo de deportación– y prolonga las condiciones de persecución policial, agresiones racistas, indefensión laboral absoluta y marginación y exclusión de los servicios básicos. De esta manera, la autoproclamada tierra de las oportunidades y de las libertades exhibe su rostro verdadero.
