Para la tribu yaqui, el acueducto Independencia está derrotado legalmente. Tomás Rojo, vocero de ésta, expresó que el megaproyecto sigue operando porque hay instancias del gobierno que se han negado a cumplir la ley y han violado derechos humanos.

Rojo participó ayer en la presentación del informe Una sentencia fallida. El incumplimiento del gobierno mexicano de la resolución emitida por la SCJN en el marco de la consulta a la tribu yaqui, elaborado por la Misión Civil de Observación de la consulta.

Entrevistado al término de la ceremonia, celebrada en la Universidad Iberoamericana, el portavoz comentó que el lunes pasado una comisión de representantes de los pueblos yaquis se reunió con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, para hablar sobre la consulta que, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tiene que realizarse a esa tribu sobre el acueducto, la cual fue detenida luego de la aprehensión de líderes indígenas como Mario Luna.

Si bien la consulta se reanudó la semana pasada en la etapa en que se había interrumpido –dar información a los yaquis sobre el acueducto–, Rojo indicó que la tribu ha apreciado que (las autoridades) quieren terminar con la consulta sólo para cumplir con el trámite y poder otorgar la manifestación de impacto ambiental a la obra del acueducto. Tenemos la suspicacia de que no le quieren dar el valor que nuestro consentimiento debería tener.

Por ello, informó Rojo, se insistirá en la cancelación del funcionamiento del acueducto Independencia antes de que termine la consulta, pues hace unos días también fue presentado el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el cual da cuenta de que con el trasvase de aguas de la cuenca del río Yaqui al Sonora se han causado afectaciones irreversibles a los pueblos que conforman esa tribu.

La presentación de dicho informe estuvo a cargo de Alejandra Leyva, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Mónica Oehler Toca, del área de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional, y Pablo Reyna, director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.

Leyva comentó que la Misión de Observación encontró que el derecho a la consulta previa es la principal violación a las garantías de la tribu, pues la SCJN ordenó que se llevara a cabo en 2013, cuando la construcción estaba terminada y el acueducto funcionaba.

Afirmó que cuando termine la consulta la decisión de la tribu respecto del acueducto deberá cumplirse, sobre todo si se comprueba que hay daños irreparables en su contra.

De su lado, la representante de Amnistía Internacional dijo que en México pareciera que tenemos todo para respetar los derechos de los pueblos indígenas, pues el gobierno ha firmado tratados internacionales al respecto y se han creado leyes para tal fin. Pero cuando revisamos un caso particular, como el de la tribu yaqui, vemos violaciones a sus derechos.

El académico Adolfo Gilly –quien por motivos de salud no asistió a la presentación– envió un texto, en el cual se pregunta si el objetivo del acueducto es exterminar a los yaquis.