Los agentes de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en su país no sólo realizan labores de inspección aduanera, sino también llevan a cabo investigaciones en contra de grupos de narcotráfico y operaciones contra el blanqueo de capitales. Así, de aprobarse su incorporación a labores conjuntas con autoridades mexicanas y que se les autorice portar armas de fuego, no es descartable que amplíen su margen de acción en territorio mexicano, advirtieron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Esos señalamientos se dan un día después de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió al Senado una iniciativa de reforma legislativa en la cual se propone que agentes de migración y aduanas de Estados Unidos puedan estar armados en territorio mexicano realizando labores que se definen en la propuesta como preinspecciones aduaneras en coordinación con agentes mexicanos.

Durante este gobierno federal se redujo el número de agentes estadunidenses en México, toda vez que se les ha negado seguir participando en operaciones contra grupos criminales al lado de agentes mexicanos, como lo hicieron durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Desde 2013, el gobierno federal, principalmente en lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República –ésta última en todas sus instancias–, suspendió la realización de operativos en los cuales participaran agentes estadunidenses de las agencias Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Aduanas e Inmigración (ICE), y de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF).

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se permitió que los agentes estadunidenses participaran en acciones contra grupos criminales disfrazados como agentes federales asignados a la Policía Federal Ministerial o a la Agencia Federal de Investigación (AFI, ya desaparecida).

Asimismo, los agentes estadunidenses llegaron a participar o realizar interrogatorios a detenidos en instalaciones de la Seido, como ocurrió en septiembre de 2012, cuando Marisela Morales era la titular de la PGR y fueron detenidos en Zapopan Félix Beltrán León y su hermano Kevin Daniel –identificado inicialmente el primero como Alfredo Guzmán Salazar– presunto hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Los abogados de los hermanos Beltrán León denunciaron que agentes estadunidenses de la DEA habían tratado de negociar con él para que declara ser el hijo de Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, y buscarían que pronto saliera de prisión, para así cubrir el error cometido al detener a la persona equivocada, pero éste se negó.