Dos jueces federales se negaron a conceder suspensiones con las que Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de Ficrea, pretendía frenar, vía amparo, el embargo que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a sus cuentas bancarias, a diversos contratos de arrendamiento financiero con sus empresas subsidiarias por 3 mil 200 millones de pesos, 28 bienes inmuebles, y a 234 automóviles de lujo, además de mobiliario diverso, informaron abogados del empresario prófugo de la justicia.

Los juzgados primero y sexto de distrito (uno en materia administrativa y otro en materia penal) ya nos notificaron que se negaron las suspensiones definitivas dentro de los juicios de amparo, por lo que continuarán los embargos hasta en tanto no se resuelvan de fondo los procedimientos. Sin embargo, vamos a recurrir a tribunales colegiados para que revisen si procede (el amparo vía suspensión del embargo), dijo un abogado de la familia Olvera que pidió no mencionar su nombre.

Desvío de $2,700 millones

En su demanda de amparo, Olvera señaló como autoridad responsable a la PGR, a la CNBV y al administrador central de Planeación y Programación de la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria, Francisco Hugolino Cruz Ortiz, ya que el congelamiento deriva de una investigación por evasión de impuestos, en la que también colaboraron autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Olvera Amezcua enfrenta una orden de aprehensión por lavado de dinero, y ha sido señalado por desviar en beneficio propio más de 2 mil 700 millones de pesos de inversionistas en Ficrea.

Según consta en documentos de la PGR, durante los últimos tres años la sociedad financiera popular Ficrea captó recursos del público ahorrador por 6 mil 200 millones de pesos, ofreciendo con engaños, mala fe y dolo, tasas de interés muy atractivas; promovió y abrió oficinas captadoras en las principales ciudades de la república y ofertó sus servicios financieros en forma pública y a través de medios de comunicación.

De esta manera, creó empresas subsidiarias Leadman Trade y Baus and Jackmam, a las que destinó y derivó los recursos de los ahorradores, y fueron estas sociedades las otorgaron créditos y préstamos a terceros, sin mayor control ni vigilancia de las autoridades financieras.

Ficrea defraudó al menos 2 mil 700 millones de pesos, que fueron desviados por su director y principal accionista Rafael Olvera.