omo cada año, decenas de miles de jóvenes que aspiraban a ingresar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se quedaron sin un lugar en la máxima casa de estudios; del total que presentaron el examen de admisión, 128 mil 519, sólo 11 mil 490 (8.9 por ciento) podrán estudiar en alguno de los programas ofrecidos por esa institución de educación superior.
La exclusión de alumnos en la UNAM, al igual que ocurre en otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene poco que ver con el nivel académico de los afectados, y se debe más bien a la imposibilidad administrativa y presupuestaria de esas universidades de crear más lugares para estudiantes.
La génesis de este fenómeno de exclusión educativa, que termina por volverse un mecanismo adicional de exclusión social y afecta a nueve de cada 10 aspirantes que desean estudiar en la UNAM, no se encuentra, pues, en la máxima casa de estudios, sino en el modelo económico impuesto en el país desde hace tres décadas. Una de las vertientes fundamentales de ese modelo consiste en abandonar las obligaciones del Estado en materia de enseñanza, particularmente la superior, con el fin de ensanchar el mercado para las inversiones privadas en ese rubro. En los hechos, ello reduce las posibilidades de interacción y movilidad social de los sectores más desfavorecidos de la población.
En esta lógica, los sucesivos gobiernos en 30 años han aplicado una sistemática asfixia presupuestal a las universidades públicas. Por añadidura, a pesar de que la población del país ha crecido en ese lapso en forma significativa, no se han creado nuevas instituciones públicas, con la excepción de la Autónoma de la Ciudad de México, fundada hace una década en esta capital durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La crisis educativa que se traduce en una oferta insuficiente de espacios en las universidades públicas y que afecta cada año a miles de jóvenes en el país conlleva riesgos indeseables. Por un lado, los estudiantes rechazados generan, de manera inevitable, una intensa e indeseable presión social sobre los centros de enseñanza, que son los que deben enfrentar en forma directa las protestas y reclamos de quienes se quedan fuera de la educación universitaria. Para colmo, la falta de cobertura en ese nivel educativo representa una vuelta de tuerca adicional para muchos jóvenes en edad escolar, en un país que no les ofrece ninguna perspectiva de vida –ni trabajo ni estudio– y que, en forma cada vez más acentuada, criminaliza a la juventud.
En suma, la continuidad de una política económica equivocada y devastadora constituye, a juzgar por la amplitud de la exclusión educativa que se vive en el país, una bomba de tiempo que, por desgracia, podría activarse en un escenario nacional de por sí descompuesto y con una institucionalidad política rebasada.
