Diversas organizaciones de la sociedad civil formaron el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire) y manifestaron su rechazo al Plan Frontera Sur, por tratarse de un esquema que ha propiciado mayores violaciones de derechos humanos contra esta población vulnerable.

En conferencia de prensa, los impulsores del proyecto –integrado por 28 casas y albergues para migrantes– explicaron que además de proteger a los indocumentados y a los activistas que los defienden, el Codemire busca denunciar los efectos negativos del mencionado plan gubernamental, dado a conocer el 7 de julio de 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque uno de sus supuestos objetivos es proteger los derechos humanos de los migrantes que transitan por México, este esquema también se propone administrar los flujos migratorios mediante la creación de más puntos de revisión en las fronteras, lo cual ha provocado mayores abusos por parte de servidores públicos, denunciaron.

El Plan Frontera Sur, lejos de cumplir con las premisas planteadas, ha sido sinónimo de persecución y muerte para los migrantes, como lo demuestra el hecho de que de 2013 a 2014 se incrementó el número de detenciones en 47 por ciento en todo el país, e incluso hubo estados, como Tabasco, que lo aumentaron en 102 por ciento, o Puebla, hasta en 130 por ciento, añadieron.

Una de las consecuencias de los operativos de verificación migratoria es que los indocumentados buscan nuevas rutas para evadirlos, muchas veces recorriendo largas distancias a pie, lo cual los pone en mayor riesgo de padecer secuestros, extorsiones y otros delitos.