En México persisten prácticas discriminatorias por razones de edad, preferencia sexual, religión, color de piel, condición socioeconómica y discapacidad, entre otras, advirtió Ismael Eslava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La exclusión, comentó, aún habita entre nosotros, es silenciosa y frecuentemente inadvertida, que hace aceptar inconscientemente como normales prácticas que bajo un análisis ecuánime son evidentemente discriminatorias y que tienen origen, entre otros factores, en la idiosincrasia, falta de información, regionalismos mal entendidos, ignorancia y educaciones intolerantes heredadas, conductas todas que hoy en día mantienen una reticencia social por reconocer que nuestra riqueza cultural y cognitiva florecerá precisamente bajo esa diversidad.

Durante la firma de un convenio general de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para unir esfuerzos contra la segregación, el titular de la CNDH, Raúl González Pérez, coincidó en que en todos los ámbitos de la vida social prevalecen aún la discriminación y el menosprecio de las autoridades, que vulneran la dignidad y derechos de diversos sectores de la sociedad.

Apuntó que en la discriminación se refleja la forma en que los derechos humanos reclaman acciones del Estado, pero también impone a los particulares obligaciones y respetos por los mismos, pues en muchas ocasiones ellos vulneran estas garantías mediante la discriminación racial y laboral.

Si queremos consolidar en nuestro país una democracia constitucional con Estado de derecho, afirmó, no podemos seguir consintiendo la exclusión social, que destruye la solidaridad natural inherente a la cohesión de todo grupo humano.

Por su parte, Ricardo Bucio, titular del Conapred, resaltó la importancia de la firma de este convenio, el cual consideró histórico debido a que ambas instancias comparten atribuciones y facultades en términos de revisión de casos de violaciones al derecho a la igualdad y no discriminación.

Indicó que el acuerdo contempla un informe que concentrará la incidencia de quejas de distintas formas de discriminación y su cruce con la violación a otros derechos, así como la elaboración de encuestas y estudios para tener mayores elementos para la creación de políticas públicas.

Estimó necesaria la creación de un Sistema Nacional de Derechos Humanos que articule las facultades y procesos con los que cuentan las diversas instituciones públicas para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para todas las personas.

Al respecto Clara Jusidman, integrante de la asamblea consultiva del Conapred, consideró el acuerdo como la colocación de una primera piedra para la construcción de este tan necesario y tantas veces postergado Sistema Nacional de Derechos Humanos, el cual, en momentos de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, hubiera sido de gran utilidad para frenar los abusos de autoridad, la simulación, corrupción y el cinismo que tantas víctimas ha dejado en el camino.