l 30 de diciembre de 1969, en preparación para cuando llegara el momento de su muerte (lo que sucedió casi seis años después, el 20 de noviembre de 1975), el dictador Francisco Franco Bahamonde designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. En el mensaje navideño, y de fin de año y de década, que pronunció en el Palacio del Prado para formalizar esa maniobra, Franco sintetizó su herencia envenenada, de la que no han podido librarse aún los españoles, con la perdurable frase de haber hecho lo necesario a fin de que todo quede atado y bien atado para el futuro (puede escucharse en http://bit.ly/1F4RoNR al autodenominado Generalísimo, cuyo tono de voz le parece al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, muy parecido al suyo, lo que ha dicho que le satisface).

En el México de Peña Nieto (o, más precisamente, del conjunto de intereses que gobierna con el mexiquense como figura al frente), al igual que en la España de Franco, se pretenden establecer ataduras de larga duración que hagan muy difícil y costoso dar marcha atrás en las políticas y compromisos que se han ido anudando. En una secuencia vertiginosa, el actual régimen ha derrumbado, con la gozosa participación cómplice de los partidos de la oposición partidista entonces disponible, el andamiaje constitucional largamente intocado, sobre todo en materia de energéticos, y ahora está en proceso de firma de convenios con poderosos consorcios internacionales que harán valer sus derechos adquiridos con toda la fuerza jurídica, financiera y armada que sea necesaria.

Al mismo tiempo se han multiplicado la violencia y el poder de cárteles del crimen organizado y los abusos y violaciones graves de derechos humanos por las instancias policiacas, militares y marinas, con el caso de Iguala como ejemplo extremo y conmocionante. El cuadro económico también es altamente lesivo para las mayorías populares (las élites siempre tienen información segura y oportuna para protegerse bien y a tiempo de las crisis, que les acaban siendo redituables), con una sostenida devaluación del peso frente al dólar, un crecimiento económico más pequeño que el oficialmente reportado, el recorte presupuestal ya anunciado y el fantasma en vías de materialización de una recesión que sólo estaría en espera de que pasen las elecciones intermedias, en el mes de junio.

Para que ese conjunto de medidas que han rediseñado a México puedan sostenerse es necesaria la instauración de fórmulas de continuidad que tienen visos dictatoriales. Para empezar, la actual clase política ha sido dotada de facultades para seguir en el poder como nunca antes en la etapa posrevolucionaria, mediante nuevas elecciones consecutivas en los planos legislativos y municipales, sin que aún se atreva ese espíritu antimaderista a proponer el sufragio en efectivo (o con tarjetas), sí relección, a los niveles de gobernador y de (oh, Carlos Salinas de Gortari suspira con nostalgia) Presidencia de la República.

Otro mecanismo dictatorial evidente para sostener todo atado, y bien atado es el nombramiento de funcionarios transexenales, cuya función será no solamente proteger los intereses de los poderosos que hoy los han promovido, sino de extender esa póliza a administraciones venideras, que en caso de ser adversas a las políticas actuales no podrán hacer gran cosa para desmontarlas o eliminarlas. Tales son los casos de Arely Gómez González Garrido y Eduardo Medina Mora, a quienes Peña Nieto y Televisa instalaron respectivamente en la Fiscalía General de la Nación por nueve años y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 15 años. Larga vida tendrá la corrupción en México, y libertad absoluta sus ejecutores de élite, con tales funcionarios facciosos. Pieza menor, pero también contribuye a esa impunidad generalizada, el carnavalesco personaje designado en la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade. Y en varios estados el ejemplo nacional ha prendido, de tal manera que ciertos gobernadores han comenzado a imponer, con la colaboración de congresos sometidos, sus propios fiscales autónomos transexenales.

Atado y bien atado a los grandes poderes extranjeros y locales habrá de quedar ese México que se encamina a otras elecciones federales fraudulentas para controlar la cámara de diputados. Es el México en el que aparentemente no sucede nada y donde todo puede ser diluido con el paso del tiempo, por grande y dolorosa que sea una tragedia o por evidentes y escandalosos que sean los actos de corrupción.

En otro tema: como ya se había comentado aquí en anterior entrega, era insostenible la estancia de David Korenfeld en su cargo de director de Conagua, luego que en Internet quedó demostrado el uso no sólo irregular, sino delictivo de un helicóptero de la institución para llegar de su casa en Huixquilucan, estado de México, al aeropuerto internacional de la capital del país.

Sin embargo, el miembro de la facción mexiquense que domina el aparato del gobierno federal no fue despedido sino que, según su dicho, renunció, y tal declinación fue aceptada por quien no solamente debió haberla impuesto (su jefe superior, Enrique Peña Nieto) sino incluso debió haber consignado el hecho ante autoridades judiciales (obviamente, no la Secretaría de la Función Pública y su titular evidentemente alcahuete) y exigido una investigación a fondo de otros actos abusivos que no hubiesen sido fotografiados y difundidos en las redes sociales.

Korenfeld incluso ha pretendido disminuir el peso de su culpa al decir que sólo fue un error aéreo de ocho minutos, como si un violador intentara reducir su condición criminal porque el acto sexual en sí sólo hubiese durado un breve lapso. Por lo demás, el ex director de Conagua ha sostenido durante más que ocho minutos algo que va más allá de un error, el proyecto de privatización de aguas nacionales para beneficio de amigos, socios y comisionistas. La renuncia personal, como se ve, no es suficiente.

Y, mientras las armas (tras)nacionales se han cubierto de gloria en el Senado, ¡Hasta el próximo lunes!

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