uien haya dado la orden de desalojar de manera simultánea a los trabajadores del Poder Judicial de todas las instalaciones que tenían tomadas en todo el estado ha puesto en riesgo la precaria paz social del estado, que pende de un hilo desde la noche en que 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala.

En general, los trabajadores fueron lo suficientemente prudentes para replegarse, dado el carácter pacífico de su movimiento y la justeza de sus demandas. Pero en varios casos hicieron frente a los policías, con saldo de algunos heridos, varios lesionados y muchos golpeados. Sin embargo, el daño pudo ser más grave.

Se trasluce en la acción el talante represivo, intolerante e impaciente de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, pero no parece ser compartido por el jefe de los policías, el gobernador Rogelio Ortega Martínez, cuyo estilo, como insinuó ya una vez el presidente Peña Nieto, es más bien nadar de a muertito.

La actitud de Lambertina Galeana no abona a la pacificación de la entidad en momentos en que ese debería ser el objetivo prioritario del gobierno.

La demanda central de los trabajadores es un aumento salarial de 35 por ciento ante cuatro años de estancamiento (petición moderada si se considera que esa cifra corresponde a 8.75 por ciento anual), pero también la expedición del reglamento de la carrera judicial.

La magistrada no sólo ha tenido una actitud poco propicia al diálogo, sino de franca y abierta hostilidad, al presentar ante la Fiscalía General del Estado varias denuncias contra los líderes del movimiento.

En general, la crispación social y la fiebre de movilizaciones han venido amainando, no tanto por una operación oportuna y ágil del gobierno, sino por simple desgaste del movimiento ante una comunidad que no ha querido secundarlo y que hasta ha condenado expresiones de violencia y radicalismo.

Actitudes reaccionarias podrían generar un nuevo polo que sirva de sustento, justificación y asidero para que conflictos de vieja data retomen fuerza y vuelvan a poner en jaque no sólo al gobierno, que sería lo de menos, sino al resto de la sociedad.