a proximidad del 24 de abril –cuando concluye la licencia que el Congreso de Guerrero otorgó a Ángel Aguirre Rivero para separarse de la gubernatura– se ha convertido en tema obligado en torno a la permanencia o salida del gobernador interino Rogelio Ortega Martínez.

La polémica se centra en las posibles razones para que los legisladores determinen si se va o se queda; las opiniones están divididas entre las que no encuentran buenos resultados a su gobierno para que sea ratificado y otras que justifican su permanencia, como la del líder perredista, David Jiménez Rumbo.

Ortega Martínez, quien asegura que tiene ya listas las maletas si el veredicto le es adverso, se defiende con el argumento de que resultado de su trabajo el estado está menos convulsionado, aunque hay quienes adjudican este hecho al desgaste que han tenido los movimientos sociales, como el de Ayotzinapa. La obra del jefe del Ejecutivo es buen referente para que se decida su situación, desde luego, pero también deberán tomarse en cuenta las consecuencias para el estado que provoca un cambio en estas condiciones. Son válidas las opiniones en el sentido de que otro relevo causará desfase en los programas gubernamentales, como el sucedido en octubre, precisamente con el arribo de Ortega Martínez al poder.

Alcaldes de la región de Tierra Caliente se quejaron de detención de obras, pues no fluían los recursos, por citar un ejemplo de lo que podría ocurrir de nuevo. Otro tema colocado en el tapete es el de las elecciones del 7 de junio. Se aduce que la salida del gobernador podría enturbiar el ambiente de por sí enrarecido por las amenazas del movimiento de Ayotzinapa, en cuya asamblea reciente ratificó boicotear los comicios.

La salida o permanencia de Ortega dependerá, de entrada, de si Aguirre Rivero opta por concluir su mandato constitucional. Por lo pronto, previendo su partida, el académico zanja la controversia con una frase tajante: Yo no pedí ser gobernador.